La UCO sospecha que el Principado evitó vigilar a la cooperativa de UGT

Inmueble de 35 pisos levantado por la cooperativa, con el bajo todavía tapiado en su mayoría.
Inmueble de 35 pisos levantado por la cooperativa, con el bajo todavía tapiado en su mayoría. / JUAN CARLOS ROMÁN

Los agentes creen que la Administración, como dueña de la parcela, debió impedir que el bajo que salvó a la entidad lo comprara una empresa

RAMÓN MUÑIZ OVIEDO.

Ocurrió una mañana de junio de 2010. La consejera de Bienestar Social Noemí Martín no pudo acudir, pero mandó al director general de Vivienda, Manuel Orviz. Junto al secretario general de UGT, Justo Rodríguez Braga, visitan los pisos recién terminados en la calle de Belarmino Tomás, y conceden las llaves a sus dueños. «UGT entrega las 35 viviendas de la Cooperativa Colectivas y Unifamiliares Langreo», titula aún hoy la web de la organización, reconociéndose un papel vital en esta historia. A fin de cuentas, cuatro de los cinco promotores de la cooperativa eran familiares de altos cargos del sindicato o trabajadores. UGT avala todos los créditos de la operación. Es, también, quien ha resuelto su mayor apuro.

Medio año antes la tensión estuvo a punto de desbordarse. Parte de los compradores llegan a denunciar en la prensa que la cooperativa les dice que hacen falta 1,2 millones más porque no encuentran quién compre el bajo comercial del inmueble. Eso, avisan, encarecerá la factura. Unos 30.000 euros por piso. En una reunión posterior se informa de que parte de la dependencia sí se podrá vender, pero seguirá habiendo derrama importante.

La foto que mantiene la web de UGT de la entrega de llaves es la de un día feliz. Los problemas financieros están ya superados. Los pisos tienen dos y tres habitaciones, plaza de garaje y trastero, se transfieren a entre 96.000 y 120.000 euros. «UGT cumple una vez más con su compromiso de permitir el acceso a una vivienda digna y a un precio asequible a los trabajadores y jóvenes», manifiesta Rodríguez Braga, quien reconoce que ha sido un proyecto «no exento de dificultades».

Sobre la solución para salvar las cuentas de la cooperativa ha puesto su lupa la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investiga un supuesto fraude en subvenciones. Sostienen que para desviar dinero de las ayudas a los cursos de parados y trabajadores la central se valía, entre otras, de Infastur. Esta sociedad, creada por la propia UGT, en teoría se limita a poner ordenadores, mesas y otros elementos en las aulas, siempre que el inmueble sea de titularidad pública y se haya cedido para la formación. Tras cruzar los gastos reales de Infastur con las facturas que emite, la UCO cree que la empresa acostumbraba a inflar sus tarifas, para lucrarse así con las ayudas públicas.

Según los agentes, los recursos así logrados permitían financiar ilícitamente a la organización e incrementar su patrimonio. Como ejemplo, señalan a la cooperativa. Necesitaba un millón largo para evitar la quiebra, y entonces apareció Infastur, comprando por esa cantidad todo el bajo comercial. En sede judicial la responsable de la empresa, Mónica Menéndez, sostuvo que lo hizo al existir la expectativa de dar cursos en la zona. «Esta afirmación no concuerda con la realidad», replica la UCO, que recuerda que la mayor parte del lugar sigue tapiado siete años después. Se reformaron para su uso 234,44 de los 714 metros del bajo y en ellos hubo cursos en 2012 y en 2013, siete. No le dieron a Infastur ni para los gastos corrientes. Las cifras «pondrían de manifiesto el nefasto resultado, desde el punto de vista empresarial, de la operación» para Infastur, anotan.

«Algún tipo de irregularidad»

No es su única sospecha. Tras analizar el acta de la venta, la UCO llega a otra conclusión: «No se descarta la comisión de algún tipo de irregularidad o falta de control en el papel que habría jugado en esta operativa la propia Consejería de Vivienda del Principado». La insinuación recuerda que la parcela era inicialmente propiedad del Principado. La ofertó en un concurso abierto y urgente, que daba trece días a los interesados para presentar la documentación.

El objetivo de la consejería era facilitar suelo para levantar pisos protegidos. Entre las obligaciones que impuso el pliego del concurso, está la de «no transmitir las parcelas compradas y, en su caso, la edificación, más que a los socios cooperativistas o de las entidades benéfico-sociales sin ánimo de lucro que hayan sido acreditadas en la presentación de las ofertas una vez finalizada la edificación». El contrato de compraventa agrega, además, que «será preceptiva la autorización expresa de la Consejería de Vivienda, quien deberá autorizar dicha transmisión».

Los agentes recuerdan que Infastur es «una sociedad limitada con ánimo de lucro bajo control único del sindicato UGT Asturias» lo que, según su hipótesis, «incumpliría la cláusula reseñada».

Fotos

Vídeos