Suben un 32% los delitos en empresas asturianas en 2016

Fernando Villabella, secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón. /MARIO ROJAS
Fernando Villabella, secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón. / MARIO ROJAS

El más habitual fue la estafa, seguida por la apropiación indebida, y en igual medida, los delitos contra los derechos de los trabajadores y contra la Hacienda Pública

EFEOviedo

El número de delitos en las empresas asturianas aumentó un 32% en 2016 pasando de 57 a 75, según el segundo Estudio sobre la Criminalidad en la Empresa Asturiana, que indica que casi la mitad de ellos fueron estafas. El informe, presentado hoy en la Cámara de Comercio de Oviedo en presencia de su secretario general, Fernando Villabella, señala que, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, el número de sentencias dictadas por la Audiencia Provincial sobre los delitos en empresas asturianas sufrió un aumento de casi un 50 por ciento respecto a 2015 pasando de 47 a 66.

El número de hechos delictivos fue un tercio mayor al de 2015, ya que pasaron de 57 a 75, y el más habitual fue la estafa, que estuvo «cerca de representar la mitad de los delitos contenidos en las sentencias», cuando en 2015 sólo supuso el 35 por ciento del total. Le siguió la apropiación indebida, con diez supuestos, y en igual medida se encontraron los delitos contra los derechos de los trabajadores y contra la Hacienda Pública.

En la mayoría de los casos las sentencias fueron condenatorias y destacan en porcentaje y número de condenas los delitos por estafa. En las 66 sentencias examinadas se dictó condena para un total de 112 personas físicas y dos personas jurídicas, de las que 105 lo fueron como autores; cinco, como cooperadores necesarios, y dos, como cómplices. Además, 33 de las 42 sentencias condenatorias se referían a un único autor que actuó sin cómplices.

De las 42 sentencias condenatorias, 24 impusieron conjuntamente pena de prisión y multa, lo que representa un 57,14 por ciento; 15 impusieron exclusivamente pena de prisión, un 35 por ciento; y las tres restantes, sólo pena de multa, un 7,14 por ciento.

En 2017 la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJA) ha dictado su primera y única sentencia en materia penal que se refiere a un delito de estafa. La pena privativa de libertad de mayor duración dictada en 2016 lo fue por cinco años correspondiente a un delito continuado de estafa agravada cometido por la administradora única de una mercantil.

La pena pecuniaria más elevada impuesta a una sola persona ascendió a 473.794, 57 euros, por un delito contra la Hacienda pública por el que también fue condenada otra persona. Más allá de este tipo de faltas, la condena dineraria más alta se debió a un delito de insolvencia punible con una condena por importe de 263.484 euros.

En estas sentencias son 27 las empresas que se vieron perjudicadas, lo que supone «un incremento en cuanto al año anterior». «Las pérdidas ocasionadas por los delitos objeto de este estudio son bastante significativas con relación a su facturación anual lo que puede comprometer su cuenta de resultados y en algún caso incluso la viabilidad de la propia empresa perjudicada», indica el informe.

En el apartado de conclusiones, el informe señala que el hecho de que las estafas y delitos contra los trabajadores y Hacienda Pública encabecen los registros de criminalidad reside en «la ausencia de formas más modernas de criminalidad como pueden ser los delitos contra el medioambiente o la cibercriminalidad».

El «notable» número de sentencias absolutorias «refuerza la tesis de que en algunos de estos casos el haber contado con un defensa técnica eficaz y especializada en Derecho Penal hubiera ahorrado a la empresa y a las personas físicas afectadas los importantes costes económicos y de reputación derivados del sometimiento a un Juicio Oral».

El informe sostiene también que en los próximos ejercicios los tribunales asturianos no sólo incrementarán el número de sentencias con personas jurídicas condenadas, sino que habrán de analizar la eficacia de los Modelos de Prevención de Delitos para poder decidir si sirven para eximir de responsabilidad penal a la empresa en el caso concreto, excluyendo de tal ventaja a los conocidos como Modelos de Fachada o de Papel.

Además, advierte de que las cantidades en que se han visto perjudicadas como víctimas las empresas son de tal entidad que no cobrarlas podría «comprometer seriamente la viabilidad de la empresa víctima» y alerta de que el hecho de que una sentencia reconozca una indemnización no supone que se vaya a percibir.

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