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La manifestación, ayer, a su paso por Álvarez Garaya en dirección a Cajastur.
Los jubilados vuelven a salir  a la calle en Gijón contra el «saqueo» de las pensiones

Los jubilados vuelven a salir a la calle en Gijón contra el «saqueo» de las pensiones

Se concentraron frente a las oficinas de Cajastur en protesta por el cierre de los centros sociales de la entidad

AIDA COLLADO

Viernes, 17 de octubre 2014, 00:48

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«La pensión es un derecho». La misma pancarta que ha servido a los jubilados asturianos para reivindicar una y otra vez la revalorización de las pensiones presidió la manifestación que recorrió ayer las calles de Gijón en protesta por los recortes. Unos dos centenares de personas marcharon bajo una intensa e incesante lluvia desde la plaza del Humedal al Ayuntamiento de la ciudad para rechazar las medidas adoptadas con la crisis «como excusa, para llevar a cabo un saqueo de las rentas del trabajo y de las pensiones para aumentar de manera insaciable las rentas del capital». En otras palabras, resumió el portavoz del colectivo, Arturo Monteserín: «Los bancos son los que mandan con la complicidad del Gobierno de turno. La salud es un negocio y con los centros asistenciales pasa lo mismo».

Tras protestar ante las oficinas de Cajastur por «la desaparición de la obra social, que ha sido sustituida por una pantalla a la que llaman fundación» y por el cierre de los seis centros de pensionistas que gestionaba la entidad en Asturias, pusieron rumbo a la plaza Mayor para leer un manifiesto en el que ahondaron en sus críticas por la «expulsión de miles de pensionistas asturianos de los centros de día» de la entidad. Se preguntaron «qué autoridades tenemos, que se quedan de brazos cruzados viendo cómo esa entidad cierra poco a poco sus servicios». Además, lanzaron una advertencia: «Que sepan los que han cerrado las puertas de los centros sociales que los pensionistas también sabremos cerrar nuestras libretas y cuentas de ahorro si no los abren de nuevo, en las condiciones previas a su desmantelamiento».

Rechazaron, además, su supuesta condición de «clase pasiva». «Contribuimos a la riqueza nacional o producto interior bruto con nuestro consumo y nuestras tareas de ayuda al resto de la familia y de la comunidad», aclararon. Por esta razón, censuraron el decreto ley de diciembre de 2012 que anuló la equiparación de las pensiones al IPC, así como su carácter retroactivo al 1 de enero, que provocó que en lugar de aplicar, «por lo menos para esos 11 meses una subida del 2,9%, que era lo que había crecido el IPC, nos tiraran una limosna del 1%». Por este motivo, el colectivo ya ha presentado miles de reclamaciones en Gijón, colapsando las dependencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y se encuentra a la espera de la resolución del Tribunal Constitucional.

En definitiva, acusaron al Gobierno central de obedecer «los dictados» de los grandes financieros y empresarios del IBEX-35, porque «si no fuera así, ¿cómo puede ese Gobierno anunciarnos una impresentable subida del 0,25% de las pensiones para el próximo año?».

Residencias del ERA

La Administración regional no salió mejor parada. En opinión del colectivo de pensionistas asturianos, el Principado es culpable de la «manera torticera de operar» en cuanto a la gestión de las 22 residencias públicas de la tercera edad de Asturias, englobadas en el ERA. «Solo la lucha de los empleados de esos centros en contra de la privatización ha impedido esa tropelía», aseguraron.

Hoy, el Gobierno asturiano, acusaron, «a la vista de la resistencia encontrada, está continuando ese trabajo sucio con la conocida fórmula de externalizar los servicios: es el conocido método de privatizar con vaselina». También reprocharon al Ejecutivo regional que derive «a los pacientes mayores de 65 años en proceso de recuperación o postoperatorio a geriátricos privados para liberar camas de hospital».

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