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D. D. M.
Viernes, 9 de octubre 2015, 00:17
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Los indicadores sobre el porcentaje de desempleados que se benefician de acciones de orientación en Asturias se sitúan ligeramente por debajo de la media nacional. Una circunstancia que el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, atribuyó ayer al hecho de que no exista un protocolo centralizado para cuantificar dichos datos en el conjunto del país y a que cada comunidad autónoma facilite sus cifras de acuerdo a sus propios criterios para considerar en qué consiste una acción orientativa para buscar empleo. Entiende Blanco que el Principado es «más estricto» a la hora de definir de qué manera se puede considerar que se ha diseñado un itinerario personalizado para un parado, lo que hace que en Asturias se sea «más exigente» a la hora de definir el porcentaje de parados que reciben acciones de orientación. Según el consejero, que ayer abogó en la Junta por esperar a que se disponga de un procedimiento centralizado para disponer de estadísticas más reales, el Principado ha atendido a todos los parados que han solicitado orientación, apostillando que «no todos la necesitan ni todos muestran interés por recibirla». De acuerdo con los datos que maneja el Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa), un total de 6.876 desempleados han recibido tutorías individuales; 127, asesorías, y 4.819, itinerarios personales de inserción. Cifras a las que se suman los 2.751 demandantes de la renta activa de inserción.
Lo hizo al hilo de una pregunta de la diputada del PP Susana López Ares, quien en sesión plenaria preguntó si el Servicio Público de Empleo había atendido al 100% de los desempleados en esta materia tal y como, recordó, se comprometió su antecesor en el cargo. «Ustedes dan una información, pero los parados nos cuentan otra cuestión distinta», le reprochó la parlamentaria popular, quien cifró en el 13% el número de inscritos en los servicios públicos de empleo que reciben información y en el 6,5% los que cuentan con itinerarios individualizados de inserción.
Devolución de la extra
Durante el pleno, la consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, aprovechó una interpelación del diputado de Podemos Enrique López, sobre los derechos laborales de los empleados públicos, para anunciar que solicitará al Gobierno central que el pago del 26% de la paga extra suprimida a los empleados públicos en 2012, que supone un coste de 19,05 millones de euros, no compute en el déficit de la comunidad.
Carcedo reiteró así en el pleno de la Junta General la voluntad del Ejecutivo de pagar este año el 26% de la paga eliminada si cuenta con disponibilidad presupuestaria, y de abonar el resto en enero de 2016 y 2017.
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