El Comercio

El bloqueo político paraliza la nueva Ley de Contratos del Sector Público

  • El retraso implica que no entre en vigor la obligación de las administraciones de ejercer un mayor control sobre las adjudicatarias

La nueva Ley de Contratos del Sector Público se tenía que haber aprobado ya en abril de 2016, pero la actual situación de bloqueo político y la falta de Gobierno han impedido hasta la fecha que dicho documento deje de ser un borrador. El nuevo texto está a la espera de que se recojan las últimas directrices europeas de 2014, que, entre otros asuntos, obliga a las administraciones a controlar que las empresas adjudicatarias cumplan con sus obligaciones contractuales. De ello trataron ayer las abogadas Eva Menéndez Sebastián y Marina Pineda en la Escuela Internacional de Verano Manuel Fernández López 'Lito', que se celebra en Gijón.

No obstante, Eva Menéndez Sebastián, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, aseguró que la actual normativa española ya establece que se utilice la contratación pública para fomentar la mejora de los derechos de los trabajadores. «Otra cosa es que el asunto no es fácil, porque la normativa busca utilizar instrumentalmente la contratación para conseguir las garantías de los trabajadores, pero a la vez se basa en la libre competencia. Lo novedoso es que se obliga a las administraciones a controlar a las empresas adjudicatarias. Se están dando pasos en esta dirección».

A juicio de Marina Pineda, «es necesario que el Gobierno central -cuando lo haya- se ponga las pilas y se reforme la ley para hacer una trasposición lo más amplia posible de las directivas europeas y garantizar así el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y que el precio no sea el único criterio de contratación». La abogada y también concejala socialista de Gijón exponía que las directrices europeas han cambiado el rumbo de los requisitos de la contratación pública «para poner en valor el papel social que debe cumplir también la concesión administrativa como elemento de dinamización, de cohesión social, de promoción de empleo de las personas con dificultades y garantía de los trabajadores de las contratas». Pineda explicó que «la rigidez de las normas de contratación pública y la prevalencia del criterio del precio han llevado a una reducción progresiva de los costes que tienen los contratos, y eso acaba repercutiendo en los trabajadores. Y ya hemos visto en Gijón a los trabajadores de Mantenimiento Viario, que se han visto obligados a inscribirse en el desempleo porque hubo un vacío en la contratación, después de llevar dos años con problemas. Las empresas que asumen contratos públicos al final no pueden realizar los trabajos porque la bajada de precios hace que no cuenten con los medios. ¿En qué acaba eso? En impagos de salarios, en rebaja de las condiciones laborales, en incumplimientos en materia de salud laboral y en falta de ocupación efectiva porque no hay medios para ello».