El Comercio

El Gobierno asturiano promueve las denuncias contra la brecha salarial

Guillermo Martínez, reunido con los agentes sociales y económicos, durante la presentación de la estrategia asturiana para luchar contra la brecha salarial.
Guillermo Martínez, reunido con los agentes sociales y económicos, durante la presentación de la estrategia asturiana para luchar contra la brecha salarial. / DAMIÁN ARIENZA
  • Suscribe un acuerdo con la Inspección de Trabajo para investigar los casos de discriminación y anuncia medidas para revertir los estereotipos en la elección de estudios

El Gobierno regional se ha propuesto acabar con la brecha salarial en el Principado, donde a idéntica cualificación profesional la mujer percibe un sueldo casi un 28% inferior al hombre, y para ello pondrá en marcha «en cuestión de semanas» una serie de iniciativas en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y los agentes sociales y económicos. La primera medida, según explicó ayer el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, será la creación de una ventanilla única -de forma telemática y también presencial, en los centros asesores de la mujer- en la que se podrán centralizar las denuncias por presuntos casos de discriminación por razón de sexo. «No es habitual que se denuncien este tipo de prácticas, quizá por miedo a represalias, pero esperamos que con esta ventanilla la gente pierda el miedo a hacerlo. Se garantiza el anonimato», destacó la directora del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud, Almudena Cueto.

En el marco de la Estrategia Asturiana contra la Brecha Salarial, también se suscribirá un acuerdo con la Inspección de Trabajo con el fin de investigar y sancionar los casos de discriminación, así como otras medidas dirigidas a revertir los estereotipos que, en muchas ocasiones, determinan la elección de los estudios y, como consecuencia, los puestos de trabajo que se ocupan en función del género.

La presentación contó también con el apoyo de los agentes sociales y económicos. Carmen Escandón (UGT) y Mapi Artidiello (CC OO) valoraron la iniciativa como un «paso más» en la tarea para reducir las diferencias económicas existentes en la actualidad, mientras que el responsable de servicios jurídicos de Fade, Ignacio García, evitó relacionar la brecha con la discriminación en las empresas, sino como resultado de un conjunto de factores sociales.