Valeriano Gómez, ayer, durante la entrevista, en la Casa del Pueblo de Gijón.
Valeriano Gómez, ayer, durante la entrevista, en la Casa del Pueblo de Gijón. / JOAQUÍN PAÑEDA

«La crisis de las pensiones tiene mucho que ver con la devaluación salarial»

  • Valeriano Gómez, exministro de Trabajo e Inmigración en el último gobierno socialista

  • «La derogación es una palabra simbólica, el objetivo es restablecer el equilibrio en el mercado de trabajo que rompió la reforma laboral de 2012»

Valeriano Gómez (Jaén, 1957) fue nombrado ministro de Trabajo por José Luis Rodríguez Zapatero en el peor momento de la crisis. Hoy, casi siete años después, forma parte del equipo que marca las directrices económicas que guían al Partido Socialista. Y desde esa posición, ayer, defendió en la Casa del Pueblo de Gijón que no habrá consenso en el seno del Pacto de Toledo si no se cambia la fórmula de revisión de las pensiones. Es decir, si el PP no acepta que estas se actualicen de acuerdo a los precios.

-Se habla de recuperación económica. ¿Cuándo podremos hablar de una recuperación del empleo?

-Todavía falta. Hay una parte de la recuperación que se ha traducido en empleo de baja calidad, con muy bajos salarios. Hay demasiado empleo a tiempo parcial, que en ocasiones es fraudulento y oculta un trabajo a tiempo completo. Además, el 40% de la bajada del desempleo se debe a la caída de la población activa. Esto configura una recuperación insuficiente en lo laboral y muchos problemas en el ámbito social, sobre todo, porque está cayendo muchísimo la cobertura a los parados. En plena crisis, en 2010, la cobertura al desempleo llegó a alcanzar el 80%. Hoy, según la EPA apenas llega al 30%, y según el Ministerio de Empleo, no alcanza el 50%. Es una tasa históricamente baja. Gastamos la mitad de lo que gastábamos en desempleo hace cinco años, pero a costa de proteger a muchos menos. El Gobierno no debería presumir de este hecho.

-Los sindicatos piden la derogación de la reforma laboral, pero el PSOE, que acaba de presentar su documento económico, no se ha comprometido a ello.

-Cuando hablamos de derogación de la reforma laboral, nos referimos a cambiar los aspectos más nocivos para el funcionamiento del mercado de trabajo y la protección de sus trabajadores. La derogación es una palabra simbólica, el principal objetivo es restablecer el equilibrio en el mercado de trabajo, que fue lo que rompió la reforma de 2012.

-¿Cómo?

-En primer lugar, hay que revertir los cambios que se introdujeron en la negociación colectiva. Estos situaron al convenio de empresa como prioritario, de forma absoluta, sobre el resto de los convenios. La reforma también introdujo la posibilidad de que el empresario pudiera alterar unilateralmente las condiciones de trabajo. Unas condiciones que también afectan al salario. Además, la desaparición de la ultraactividad introdujo un estímulo muy fuerte al empresario para no negociar un nuevo convenio. También se introdujeron cambios en la regulación del despido: los improcedentes pasaron a costar menos, de 45 a 33 días. Algunos hablan de las reformas, en plural, pero ninguno de estos aspectos estaban en la reforma socialista del 2010. Por eso aquellos que de forma interesada equiparan ambas reformas hacen un flaco favor a la verdad.

-España necesitaría generar tres millones de empleos esta legislatura para afrontar el déficit de la Seguridad Social, que en 2016 alcanzó los 18.000 millones.

-El sistema de pensiones español es muy parecido al del resto de la Europa continental. España gasta menos en pensiones que Italia, Alemania o Francia. No es un país que despilfarre sus recursos para proteger mejor que los demás a sus pensionistas. Además, tiene una edad media de retiro superior a la de estos países. La crisis en nuestro sistema de pensiones tiene mucho que ver con la devaluación salarial. Perdimos mucho empleo y, además, cuando los cambios en la reforma laboral se hicieron presentes en las condiciones salariales se produjo un deterioro muy grande en los salarios medios. Según el INE, el salario medio cayó un 10%. Hasta ahora, lo único que ha hecho el Gobierno ha sido congelar de facto las pensiones. Y, mientras tanto, ha gastado prácticamente todo el fondo de reserva. El problema es que el fondo se agota y tendrá que tomar una decisión: subir el tipo de cotización a la Seguridad Social o buscar nuevas fuentes de ingresos.

-Una de las fórmulas planteadas es financiar las pensiones también vía impuestos.

-Será absolutamente necesario. No sería extraño en absoluto subir cotizaciones, pero con un nivel de paro tan alto como el que tenemos, mejor no hacerlo. Si no queremos subir las cotizaciones, los impuestos tienen que coger el relevo. Lo normal sería pensar que el Estado debe hacerse cargo progresivamente de una cantidad al menos similar a la del déficit actual y, con el tiempo, dicha cantidad debería aproximarse a los 2,5 puntos de PIB (25.000 o 26.000 millones de euros). Es mejor que sea así y que no se produzca a través de aumentos en el tipo de cotización, porque para financiar 20.000 millones con una subida de tipos habría que elevarlos seis puntos. También hay que reducir algunos gastos, por ejemplo, en lo que se refiere a las bonificaciones y a las tarifas planas, regresivas e ineficientes, que descansan sobre el presupuesto de la Seguridad Social. En estos momentos gastamos en reducciones de cotización de este tipo más de lo que costaría revalorizar las pensiones de acuerdo al IPC.

-Hay quien quiere que las pensiones de viudedad pasen de ser contributivas a asistenciales.

-Sí, pero nosotros no estamos de acuerdo con eso. Las pensiones de viudedad son contributivas y queremos que siga siéndolo, en proporción a la cotización realizada con anterioridad. No estamos de acuerdo con que la aportación del Estado al sistema tenga como finalidad pagar la pensión de viudedad. ¿Por qué pagar esta y no cualquier otra si es igual de contributiva que las demás? En esa demanda se esconde seguramente, aunque no se quiera reconocer, la pretensión de alterar la configuración actual de la pensión de viudedad. Queremos que siga siendo lo que es en el resto de Europa: una pensión contributiva.

-¿Qué incremento de ingresos al sistema supondría la subida del Salario Mínimo Profesional?

-La última subida del 8% tendrá un impacto sobre los ingresos de unos 700 millones de euros. Y son ingresos para siempre. Por eso es tan importante que haya una mejora general de los salarios.

-Cada vez se habla más de un sistema de pensiones mixto.

-Ya existe. Nuestro modelo tiene una base no contributiva, que asegura que cualquiera pueda vivir fuera de una situación de pobreza. Ese es el primer escalón. El segundo es un escalón contributivo, de pensiones fruto de las cotización universal y obligatoria. Hay un tercer escalón complementario y privado. Algunos quieren convertir este en obligatorio y que dediquemos una parte del salario a un fondo de pensión privado. ¿Y por qué tiene que funcionar mejor un fondo privado que la Seguridad Social? ¿Va a tener más rendimiento? No. Nunca lo ha tenido. Los sistemas de pensiones privados también pasan crisis y sufren como lo hacen los sistemas de reparto públicos. Los fondos privados no son la panacea ni la solución. Son un complemento para quien tenga ahorro suficiente, pero no son un buen sustituto para los sistemas públicos.

-El PSOE ha pedido la derogación de la reforma de las pensiones del PP. ¿Hace esto peligrar el pacto de Toledo?

-No veo cómo. La recomendaciones vigentes del Pacto de Toledo hablan de un sistema que garantice el poder adquisitivo de las pensiones. El PP decidió alterarlo, de forma unilateral, y convertir en regla la excepción. El Gobierno puede verse obligado algún año a no actualizar las pensiones, pero son decisiones de excepción que deben ir acompañadas después de medidas para recuperar el poder adquisitivo perdido. Ahora, cuando los precios vuelven a crecer, algunos descubren que no es posible mantener un tipo de revalorización como el fijado por el PP en el 0,25%. El pensionista, cuando alcanza la jubilación, ha de tener garantizado su poder adquisitivo. Tal y como está ahora, con una subida de precios del 3%, un jubilado perdería el 30% de la pensión en diez años. No habrá gobierno que sostenga eso. Solo hay un país europeo además de España que no actualice sus pensiones con arreglo al IPC o a los salarios o a una mezcla de ambos: Lituania.