Desplome en Bolsa tras las acusaciones de corrupción

S. B. GIJÓN.

La Bolsa no perdona. Ayer, Duro Felguera se hundía en el parqué tras conocerse la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el propio grupo asturiano; su presidente, Ángel del Valle; su antecesor, Juan Carlos Torres Inclán, y otras siete personas físicas y jurídicas por presunta corrupción en Venezuela y blanqueo de capitales.

Las acciones de Duro Felguera cayeron un 11,48%, finalizando la sesión en 0,54 euros (nivel de junio pasado y a unos céntimos de situarse en precios de mayo de 2005) después de que los inversores intercambiaran cerca de un millón de títulos por un importe superior al medio millón de euros.

Las acciones de Duro Felguera se desinflan ya, por tanto, por debajo de los 0,6 euros, y alcanzan el 50% de pérdida en lo que va de año respecto a los 1,12 euros con los que finalizó 2016.

Este varapalo bursátil aleja su capitalización bursátil de la barrera de los 100 millones de euros. Al cierre de ayer se situaba en 86,40 millones.

Mayor tensión

La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, a la espera de que la Audiencia Nacional la admita o no a trámite, añade más tensión si cabe a la actual situación de Duro Felguera, con una deuda bancaria que supera los 244 millones, impagos a proveedores y sin perspectivas de nueva carga de trabajo a la espera de que los bancos decidan dar de nuevo avales.

Tras la investigación abierta en marzo de 2015 por supuestos sobornos a funcionarios públicos venezolanos a cambio de contratos en el país bolivariano, el Ministerio Fiscal ha concluido presentando una querella ante la Audiencia Nacional. El Ministerio Público acusa a Del Valle y a Torres Inclán de pagar 105 millones de dólares (más de 89 millones de euros) en comisiones -siendo consejero delegado y presidente de Duro Felguera, respectivamente- a personas vinculadas con la Administración de Chávez para sobornar a funcionarios públicos y favorecer los intereses de la empresa, lo que se conoce más popularmente como 'mordidas'. La querella incluye también a antiguos miembros del Gobierno de Hugo Chávez, así como a dos sociedades vinculadas a ellos.

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