Empleo y comunidades reactivan la ayuda a parados de larga duración ocho meses más

Reunión de la conferencia sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, ayer en Madrid. / R. C.
Reunión de la conferencia sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, ayer en Madrid. / R. C.

El Plan Prepara, que será retroactivo desde el 15 de agosto, estará en vigor hasta que se consigan reformular los subsidios para desempleados

JOSÉ M. CAMARERO / AIDA COLLADO MADRID / GIJÓN.

Los ciudadanos que se encuentren sin trabajo y que hayan agotado todas las prestaciones posibles pueden respirar algo más tranquilos al saber que seguirán contando con la ayuda del Plan Prepara. Ningún agente social, económico ni gubernamental dudaba de que esta subvención de hasta 450 mensuales seguiría en vigor después de que expirara a mediados de agosto, sin renovación de por medio. Pero por fin ayer, el Ministerio de Empleo y los representantes de las comunidades llegaron a un acuerdo para prorrogar el programa, que en Asturias cuenta con unos 300 beneficiarios, con una novedad: seguirá activo, por ahora, hasta el 30 de abril de 2018, esto es, ocho meses más, frente a los seis meses en los que solía prorrogarse.

El pacto entre administraciones ha llegado un mes después de que el anterior Prepara se diera por finiquitado el 15 de agosto. Lo hizo porque la tasa de paro del segundo trimestre había descendido por debajo del 18% -cerró en el 17,22%-, la condición impuesta por Empleo para llevar adelante el plan. El problema no era tanto horadar registro, como cumplir con una sentencia del Tribunal Constitucional, del mes de julio, en la que instaba a que las comunidades gestionaran esta ayuda, en vez del Estado a través del Servicio Público de Empleo (SEPE), como se hacía hasta entonces.

La solución salomónica a la que ayer llegaron las administraciones implicadas, reunidas en el seno de la conferencia sectorial extraordinaria de Empleo y Asuntos Laborales, supone que oficialmente las comunidades ceden la gestión del Prepara al Estado, pero solo temporalmente. Lo hacen para que se pueda reactivar el abono de la ayuda cuanto antes y así poder cumplir con la sentencia del Constitucional.

El programa, que mantiene los mismos requisitos, cuenta con unos 300 beneficiarios en Asturias

Todas las comunidades autónomas han validado esta fórmula para renovar el Prepara, incluida el País Vasco, la administración que impulsó en su momento el recurso ante el Constitucional contra la gestión estatal de esta subvención.

Además, como el Ministerio de Empleo había anunciado, la ayuda se prorroga con carácter retroactivo desde el pasado 15 de agosto. Esto es, que sigue vigente para quienes la tenían concedida -y cumplen los requisitos para acceder a la misma-, y serán válidas las solicitudes realizadas por los posibles beneficiarios que hayan llegado a las oficinas de empleo durante este último mes de incertidumbre administrativa.

La subvención sigue en vigor hasta finales de abril, un periodo que desde la Administración consideran idóneo para poder alcanzar un acuerdo entre el Estado y las comunidades autónomas referente a los cambios que se introducirán en el actual sistema de subvenciones para parados. Además del Plan Prepara, se reformulará la Renta Activa de Inserción (RAI), así como el Programa de Activación de Empleo (PAE). Aún no está claro si lo que estos cambios implicarán será una fusión de las diferentes subvenciones en vigor, o una modificación de las condiciones para acceder a las mismas. Cualquier cambio debe tener el visto bueno de las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia en materia de políticas activas de empleo, de las que se descuelgan este tipo de programas.

El Principado, de acuerdo

«Queremos que los desempleados cuenten con protección, pero también nos parece fundamental que estas políticas se revisen», explicaba ayer la directora del Servicio Público de Empleo, Luisa Pérez, tras la reunión. Igual de fundamental, ahondaba, que «mejorar las prestaciones a personas desempleadas y trabajar por mejorar la complementariedad de estos programas con las rentas mínimas de las comunidades». Y todo ello, claro, cumpliendo con el fallo del Constitucional y respetando la distribución de competencias en materia de Empleo.

La reunión de ayer también sirvió para desbloquear el reparto de 167 millones de euros para políticas de empleo, que había quedado pendiente tras la falta de acuerdo de la reunión de julio. De cara al próximo año, Empleo anunció una novedad en los criterios a tener en cuenta a la hora de realizar esta distribución del presupuesto. Desaparece el que premiaba el uso de agencias privadas de colocación (ETT) para ayudar a los desempleados a encontrar trabajo. Entre los criterios usados por el Ejecutivo para repartir fondos, el de las ETT pesaba un 10% en la valoración de los planes de algunas comunidades. Pero diez de ellas venían reclamando la eliminación de esta práctica, algo que finalmente han conseguido.

Además, Empleo ha reducido el peso que tienen las sanciones a desempleados y se han modificado los porcentajes que supone el plan de garantía juvenil, en el que tendrán más valor el número de ciudadanos inscritos. Por otra parte, se reduce la importancia que tenía hasta ahora las sanciones que se aplicaban a los desempleados. Se trata de toda una serie de criterios que formaban parte de las variables que usaba cada comunidad para obtener más o menos fondos de Empleo.

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