Empleo insta a las regiones a que le cedan la gestión del plan para parados de larga duración

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ayer en el Congreso.
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ayer en el Congreso. / EFE

El ministerio quiere reactivarlo y garantizar el cobro de la ayuda a los parados hasta que se negocien las condiciones tras la sentencia del Constitucional

JOSÉ M. CAMARERO

El subsidio de hasta 450 euros al mes que reciben los parados de larga duración que hayan agotado todas las ayudas posibles sigue en el mismo limbo legal en el que se encuentra desde el pasado día 15 cuando venció el último Programa Prepara –así se denomina el plan que lo desarrolla–, a la espera de que el Gobierno y las comunidades autónomas se pongan de acuerdo para su reactivación. Pero la prórroga de esta prestación debe cumplir con un requisito adicional: la necesidad de ajustarla al fallo del Tribunal Constitucional que dictaba la inconstitucionalidad de la misma por invadir competencias autonómicas. Por eso, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha propuesto a los gobiernos regionales que sea el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) el que gestione estas prestaciones «de forma extraordinaria y de manera limitada en el tiempo».

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Esa es la idea que Empleo ha trasladado a las comunidades, con las que está obligado a pactar la renovación del Prepara. Se trata de «la única opción viable para que nadie se quede sin protección» de forma inminente, según afirmó ayer la ministra en su comparecencia ante la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados. Báñez indicó que ha remitido un borrador de decreto-ley a los ejecutivos territoriales con el que se podría dar continuidad a las ayudas concedidas, y hacer posible que quienes la soliciten accedan a las mismas. El SEPE gestionaría esas prestaciones «hasta que se produzca la renovación de todos los programas de ayudas no contributivas», según Báñez, que comenzará a negociar con los agentes sociales a partir del 4 de septiembre.

De esta forma, se podría cumplir con la sentencia del Constitucional en la que encomienda la gestión del Prepara a las comunidades, tras un recurso presentado por el País Vasco contra el decreto de 2013 que renovaba esa ayuda. Los entes regionales analizarán en los próximos días la propuesta de Empleo que, en cualquier caso, debe ser debatida en la conferencia sectorial para ponerlo en marcha «cuanto antes», recalcó ayer la ministra.

La tasa del paro

La última edición del Prepara –la número 12, desde la primera que se aprobó a principios de 2011– venció a mediados de agosto, toda vez que la tasa de paro descendió en el segundo trimestre del año hasta el 17,2%. Se situaba así por debajo del 18%, marcado por el Ejecutivo como tope para desactivar el programa.

Ahora, para renovarlo, no basta con que el Gobierno apruebe otro decreto sino que debe consensuarlo con las comunidades por el fallo del tribunal de garantías. Báñez afirmó que ante el problema que se podía generar «el Gobierno se había anticipado al proponer su renovación a finales de julio», pero no obtuvo los apoyos necesarios. El Prepara incluía «mejoras», según la ministra, como un nuevo contrato para jóvenes, otro en prácticas y la ayuda complementaria de 430 euros al mes dentro del plan de garantía juvenil pactado con Ciudadanos.

Aunque continúa la incertidumbre sobre el momento en el que se reactivará el plan, con efecto retroactivos desde el 15 de agosto, Fátima Báñez quiso tranquilizar a los perceptores indicando que «el Gobierno no va a dejar atrás a nadie» a la hora de solicitar o cobrar la ayuda. Aunque no aclaró qué ocurrirá si el consenso con las comunidades autónomas se demora demasiado.

Una vez que se prorrogue la actual ayuda, estaría en vigor hasta que se posiblemente se fusionen todas las ayudas no contributivas –el Programa de Activación de Empleo (PAE) y la Renta de Inserción Activa (RAI)–, para «adecuarlos al marco competencial» e «incrementar su eficiencia», según la ministra.

10.000 millones en un mes

Báñez dedicó parte de su intervención en el Congreso a recordar los logros en materia de empleo. Y ofreció un dato que supone un récord en la recaudación de la Seguridad Social: en agosto, el sistema ingresó 10.097 millones por cotizaciones, lo que implica una cifra récord para un mes, reflejo de la coyuntura por la que atraviesa el mercado laboral. «El empleo que llega es de más calidad del que se fue», indicó la ministra, quien recordó que la economía ha recuperado el 82% de los trabajos fijos perdidos en la crisis.

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