UGT pide cerrar la investigación de sus ayudas y reclama «un juicio justo y sin dilaciones»

La denuncia que inició el caso en diciembre de 2015 estimaba el posible fraude en 730.000 euros. La Guardia Civil lo eleva ahora a 1,3 millones

RAMÓN MUÑIZ OVIEDO.

El letrado que representa a UGT Asturias en el proceso que indaga un supuesto fraude en las subvenciones para parados concedidas a la organización acaba de solicitar a la Audiencia Provincial que intervenga en el asunto. En su recurso de apelación denuncia que lleva tiempo defendiéndose de una investigación que «no la propone el Ministerio Fiscal ni la instructora, ni es conocida por las partes personadas», pues «no se desarrolla en sede judicial de suerte que es una instrucción policial, de espaldas a los investigados, desconocedores por completo de los nuevos hechos investigados y objeto de acusación».

Esa falta de control judicial -continúa el escrito- «ha entronizado a la UCO en verdadera instructora de la causa, puesto que viene practicando por su cuenta toda clase de numerosísimas diligencias», explica, aludiendo a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Francisco Alonso, letrado de la organización, lamenta «la forma irregular en que estos atestados», en los que los agentes dan parte de sus nuevos hallazgos, han terminando llegando al juzgado y, luego, a sus manos; todo este periplo, asegura, se produce «tarde, mal y nunca». Los reproches a la magistrada instructora y al fiscal, se redoblan con la UCO, a quien acusa de haber practicado unas detenciones «basadas en hechos igualmente no denunciados, a todas luces ilegales».

Dos supuestos delitos

La falta de control judicial sobre la UCO la «ha entronizado como verdadera instructora»El letrado recuerda que el fin del juez es preparar el juicio «y no alcanzar la verdad material»

Esta sería, a juicio del abogado, la manera en la que viene avanzado la instrucción judicial originada en diciembre de 2015. El día 22 el fiscal Gabriel Bernal del Castillo dio por concluida una indagación propia, prejudicial, estimando que UGT Asturias, con ayuda de sus empresas y fundaciones vinculadas, supuestamente defraudó alrededor de 730.071 euros en las ayudas que le concedió el Principado entre 2010 y 2013, un dinero que se le había entregado para financiar cursos para parados y trabajadores. Para la Fiscalía, los fondos públicos habrían sido desviados a usos particulares de la central, para lo que se tuvo que cometer, presuntamente, delitos de falsedad documental y fraude en subvenciones.

Bernal del Castillo proponía entonces investigar -la nueva acepción judicial de imputar- a Andrés de Dios (director territorial de IFES, la fundación de UGT especializada en cursos), María Jesús Ocaña (en representación de Localmur, la sociedad que alquila las aulas), así como «al representante de UGT Asturias» en Infastur, empresa que equipa las aulas cuando éstas se montan en centros públicos.

Doce meses y medio después de que el fiscal pusiera la primera piedra con su denuncia, el panorama es bien distinto. En enero la UCO presentó un nuevo informe rebajando el supuesto fraude en algunas ayudas pero detectando nuevos indicios en otras. En total, 387 días de investigación le habrían llevado a incrementar la cuota presuntamente defraudada en un 79%, hasta situarla en 1,3 millones. De valer su tesis, cada día de pesquisa habría encontrado facturas, cuentas y testigos como para elevar en 1.500 euros las sumas de las que sospecha.

Sus hallazgos propiciaron que se incorporasen al procedimiento como investigados los exdirigentes Justo Rodríguez Braga, Manuel Díaz Cancio y Daniel Rodríguez, la responsable de comunicación Carmen Caballero, así como los trabajadores Silvia Sariego y Alberto González. La mayoría están siendo defendidos por el abogado de UGT, el mismo que ahora en su recurso ante la Audiencia cuestiona la legalidad de las pesquisas realizadas y reclama una solución radical: tumbar los 18 meses de prórroga a la investigación, acordados por la magistrada a solicitud del fiscal. La jueza justificó esta ampliación recordando que el asunto es especialmente complejo, está a la espera de que la UCO concluya su informe sobre lo averiguado durante el registro a la sede central de UGT, y adelanta que quizás tras el mismo deba pedir nuevas pruebas.

«Decíamos, con el debido respeto, que el Ministerio Fiscal fundaba su petición simplemente en la 'complejidad de la complejidad' y ahora podemos añadir, sin perjuicio de la misma estima, que ello ha servido también para que el auto recurrido decida, sin una mayor y necesaria fundamentación, la 'prórroga de la prórroga'», opone ahora el abogado. «Pero más allá de juegos de palabras, se encuentra el derecho de nuestros representados a un juicio justo y sin dilaciones indebidas», reivindica.

El abogado insiste en que se haga valer una circular de la Fiscalía General del Estado llamando a «garantizar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas». «Nuestros representados, desde mediados del año 2014, vienen siendo investigados por la UCO, y el auto lo que ordena con patente falta de motivación, es que la investigación se prolongue hasta el 6 de diciembre de 2018», lamenta.

El fin de la instrucción

El representante de UGT apoya su argumentación en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal introducida por el PP en 2015 y que marca plazos máximos a las investigaciones judiciales. La meta de esta norma, considera el letrado, «no es otra que fijar unos límites claros y precisos a la labor instructora, evitando que se dilate en un desmedido afán de investigar de forma general y prospectiva, y cumpliendo su labor de preparar el juicio oral, y no de alcanzar la verdad material».

El Congreso de los Diputados ha iniciado el trámite para derogar el artículo que marca plazos máximos a los instructores, algo a lo que en la Cámara solo se opusieron PP y Foro. Por de pronto, la norma está vigente y marca el ritmo de las instrucciones. El letrado de UGT subraya cuáles son sus consecuencias: «La limitación de plazos de indagación resulta indiscutiblemente algo altamente positivo para los sujetos pasivos de la instrucción y la salvaguarda a un proceso sin dilaciones indebidas».

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