UGT recibe con «alivio» el informe de la UCO porque «desinfla» el caso

Los agentes de la Guardia Civil abandonan la sede tras el registro del pasado enero. / DAMIÁN ARIENZA
Los agentes de la Guardia Civil abandonan la sede tras el registro del pasado enero. / DAMIÁN ARIENZA

La defensa del sindicato considera que la intervención policial del año pasado «no ha arrojado absolutamente nada» que inculpe a la organización

AIDA COLLADO GIJÓN.

UGT lo tiene claro: mucho ruido y pocas nueces. Ha pasado casi un año desde que algunos de sus máximos responsables en la región pasaran por el calabozo mientras los investigadores ponían patas arriba sus oficinas en busca de pruebas de un presunto fraude de subvenciones y la Unidad Central Operativa (UCO), dicen, «no ha encontrado nada». Eso, al menos, entiende la defensa del sindicato, del atestado presentado por la Guardia Civil el pasado 21 de diciembre ante el Juzgado de Instrucción para detallar el resultado de la entrada y registro a su sede central. «Toda esa intervención no ha arrojado absolutamente nada y el nuevo informe lo viene a reconocer así», aseguraba ayer el letrado del despacho Proley, Francisco Alonso, que representa a UGT Asturias.

La propia forma de redactar las conclusiones del atestado, «mucho más liviano, suave y matizado que los anteriores», aporta tranquilidad al sindicato que, lejos de mostrarse preocupado se confiesa «aliviado, porque todo aquel despliegue se queda en nada». Es más: en su opinión, el documento evidencia que el caso contra la central «se desinfla a pasos agigantados». Y, por primera vez, incide en que se trata de los resultados de una investigación policial cuya interpretación «deja al superior criterio del juez».

El abogado aún no ha revisado en profundidad los más de cien folios del atestado, pero adelanta su satisfacción porque en las conclusiones se reconoce que una parte de los gastos indirectos que el sindicato atribuye a los cursos de formación por los que cobró subvenciones es «jurídicamente discutible». Se le acusa, por ejemplo, de pagar indebidamente el sueldo de algunos de sus trabajadores o la seguridad de la sede con cargo a las ayudas recibidas para fines muy concretos. El informe matiza que puede hacerlo siempre que estos gastos no superen el 20% de la subvención, respondan de manera «indubitada a la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten necesarios» para la misma. Si estas condiciones se dan o no es, cuanto menos, discutible debido a «una norma de cierta ambigüedad». En este sentido, UGT batallará para que su actuación se considere ajustada a derecho. Pero se trata de una cuestión que desde el sindicato consideran administrativa y muy lejana a cualquier acto delictivo.

En resumen, zanja Alonso: «Si de verdad se hubiesen utilizado las subvenciones para sobresueldos o se las hubiera llevado alguien, ya deberían haber encontrado algo y no ha sido así». La UCO, por su parte, habla de «discos duros dañados» con datos clave y lamenta el «porcentaje ínfimo» de 'mails' que le entregó la organización.

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