Tres consejeros de Duro acuden a la llamada de la banca para buscar una salida a la crisis

Tres consejeros de Duro acuden a la llamada de la banca para buscar una salida a la crisis

Teresa Arias, segunda accionista de referencia, se reúne hoy con los abogados de las entidades acreedoras para analizar el alcance de su responsabilidad

SUSANA BAQUEDANO GIJÓN.

La llamada de la banca acreedora de Duro Felguera solicitando una reunión urgente con su Consejo de Administración ha tenido eco en tres de sus consejeros. Los vocales independientes Elena Cabal Noriega y Francisco Javier González Canga y el consejero externo Acacio Rodríguez García se desplazarán hoy a Madrid para mantener un encuentro con representantes del 'pool' bancario al que el grupo asturiano adeuda más de 240 millones de euros. La vicepresidenta de la compañía, Teresa Arias, también tendrá hoy una reunión en la capital española, pero con los abogados de la banca. La que es también la segunda accionista de referencia de Duro quiere conocer el alcance de su responsabilidad patrimonial en esta crisis.

La tensión crece en el seno del Consejo de Administración. Según pudo conocer este periódico, su presidente, Ángel Antonio del Valle, no ha respondido a la petición de la banca, cuyo objetivo era participar en una reunión con todos los consejeros para exponer su plan con vistas a reactivar la empresa y buscar una solución de futuro a la ingeniería asturiana.

Las entidades financieras quieren explicar con detalle su plan, que pasa por conceder un nuevo periodo de moratoria -pendiente ahora solo de la adhesión de Liberbank y Banco Cooperativo Español antes el día 26 de este mes- mientras se diseña la solución definitiva, que incluye una ampliación de capital, capitalización de la deuda y entrada de nuevos inversores. Para la liberación de avales, la banca está dispuesta a poner sobre la mesa la mitad de los 30 millones que necesita el grupo para pagar a proveedores y volver a contratar, esto es, a reactivarse, si los accionistas de referencia acceden a avalar los otros 15 millones con sus garantías personales.

Por último, la banca insiste en que la solución a Duro pasa también por la salida del presidente del Consejo de Administración, contra quien pesa una querella de la Fiscalía Anticorrupción acusándole de dar 'mordidas' en Venezuela para adjudicarse contratos.

Distintos artículos

La apertura de una investigación, ordenada por el juez de la Audiencia Nacional, obligaría a Del Valle, a tenor del artículo 24 de los estatutos de Duro, a poner su cargo a disposición del Consejo de Administración. Pero el presidente de la ingeniería asturiana se aferra al cargo aludiendo a la ausencia de una notificación oficial por parte de la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia. Además, se basa en otro artículo del reglamento del Consejo, el número 25, que apela a su vez al artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capita, según el cual no pueden ser consejeros los «condenados por delitos contra la libertad, contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico, contra la seguridad colectiva, contra la Administración de Justicia o por cualquier clase de falsedad».

Si finalmente Del Valle se atuviese al artículo 24 y pusiese su cargo a disposición, cosa que no tiene visos de ocurrir por el momento, los consejeros serían libres de decidir el futuro de su presidente.

Ahora bien, en el caso de que los consejeros decidiesen que Del Valle permanezca como presidente, se expondrían a recibir demandas de responsabilidad individual y social y a responder con su patrimonio si se demuestra que del Valle impide la buena marcha de la empresa.

Según fuentes jurídicas, las primeras podrían presentarlas cualquier socio o tercero cuyos intereses se hubieran visto perjudicados y las de responsabilidad social pueden presentarlas los accionistas que tengan un mínimo del 5% de los títulos.

Así, por tanto, la esposa de Del Valle, Beatriz Álvarez, hija de quien fuera el accionista mayoritario Gonzalo Álvarez Arrojo y que hoy controla la mayoría de los títulos de la familia; Teresa Arias, que representa al segundo accionista bajo el nombre de Inversiones Río Magdalena, junto con el resto de miembros del Consejo: José Manuel López Vázquez, Javier Sierra Villa, Ricardo Córdoba, Elena Cabal Noriega, Francisco Javier González Canga, Acacio Faustino Rodríguez García y Secundino Felgueroso Fuentes, tendrían en sus manos una decisión crucial que podría afectar a su patrimonio.

Cuatro años de lealtad

El pasado martes, Duro Felguera comunicaba a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la dimisión del consejero independiente Ricardo Córdoba, que había sido nombrado para el cargo apenas seis meses antes.

Córdoba es el tercer consejero independiente que sale del Consejo del grupo asturiano en lo que va de año. Se había incorporado al cargo el pasado 27 de abril para ocupar la vacante que dejó Javier Valero, que era responsable del área de auditoría. En junio se había producido también la renuncia del ex ministro Carlos Solchaga.

En cualquier caso, estas renuncias no eximen de responsabilidad a los consejeros que las llevan a cabo, a no ser que hubieran dejado constancia y firmado por escrito su oposición a la gestión de la compañía. Según el artículo 133.3 de la Ley de Sociedades, la responsabilidad de los consejeros para con la empresa a la que representan caduca a los cuatro años.

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