Asturias
Padres y profesores apoyan con reservas el decreto que da más autoridad a los centros
Aplauden la «inmediatez» con que se castigarán las sanciones, pero dudan del desarrollo que tendrá la norma
28.09.07 -
LAS REACCIONES
El nuevo decreto de derechos y deberes de los alumnos aprobado el miércoles por el Consejo de Gobierno para mejorar la convivencia y reforzar la autoridad de los profesores y equipos directivos, fue acogida con medida satisfacción por las asociaciones de padres y profesores, a la espera de su desarrollo y su aplicación práctica. Aunque todos coincidieron en el avance que supone la agilización de los trámites a la hora de imponer sanciones -los directores de los centros podrán expulsar de forma directa a los alumnos-, se muestran cautos ante la puesta en marcha de las medidas y piden un refuerzo de la prevención y proporcionalidad en las sanciones.
La primera en mostrar su postura fue la Federación de Padres de Alumnos de Asturias Miguel Virgós, quien el mismo día del anuncio del decreto destacó como sus mejores puntos «la inmediatez» a la hora de aplicar sanciones correctivas y el hecho de que «el centro pueda tutelar muy de cerca al alumno previo acuerdo con los padres».
El presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos en Asturias, José Manuel Martínez Vega, consideró que «en líneas generales, a expensas de las normas que lo desarrollen, el decreto es aceptable. Supone una rectificación de lo que había hasta ahora». Martínez Vega consideró que «con el tiempo que pasaba desde que se cometía la infracción hasta que se aplicaba la sanción, ésta perdía eficacia» y pidió «que haya proporcionalidad» entre los hechos sancionables y los castigos. El presidente de Concapa propuso que, además de la amonestación y la sanción, se tengan en cuenta otras posibles medidas correctoras como la realización de servicios sociales en el centro.
Por su parte desde la Asociación Contra el Acoso Escolar su presidenta, Encarna García, pidió «que sea la consejería la última que decida». García mostró su preocupación «por la situación que seguirá existiendo en los colegios concertados, donde no hay tanto control». Apoyó, en cualquier caso, la norma «siempre que los acosadores sean sacados del colegio y reeducados».
Centros y sindicatos
Francisco Alonso, presidente de la Asociación de Directivos y Directivas de Educación Secundaria aseguró que «el decreto es bienvenido porque es ágil, aunque es una pena que no se hubiera hecho hasta ahora, pues llevábamos tiempo reclamándolo». Alonso pidió que se desarrolle mejor la figura de la mediación y se forme a los educadores para ella.
Desde la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT destacaron que «cortar las faltas con rapidez evita que se agraven las conductas». El objetivo fundamental es recuperar la autoridad del profesor, pero los castigos tienen que ser educativos. Adolfo Congil, secretario general de la Federación de Enseñanza de USO-Asturias también aplaudió «que los problemas se resuelvan en el mismo centro, sin entrar en procesos farragosos».
Luis Fernández León, de CC OO, criticó la falta de diálogo de la consejería y consideró que el decreto «comenzará cojo si no va acompañado de medidas de carácter preventivo como introducir profesores de apoyo en Primaria, rebajar las ratios en infantil o dotar a tiempo completo las tutorías de acogida». JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ
FRANCISCO ALONSO
LUIS FERNÁNDEZ LEÓN
La primera en mostrar su postura fue la Federación de Padres de Alumnos de Asturias Miguel Virgós, quien el mismo día del anuncio del decreto destacó como sus mejores puntos «la inmediatez» a la hora de aplicar sanciones correctivas y el hecho de que «el centro pueda tutelar muy de cerca al alumno previo acuerdo con los padres».
El presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos en Asturias, José Manuel Martínez Vega, consideró que «en líneas generales, a expensas de las normas que lo desarrollen, el decreto es aceptable. Supone una rectificación de lo que había hasta ahora». Martínez Vega consideró que «con el tiempo que pasaba desde que se cometía la infracción hasta que se aplicaba la sanción, ésta perdía eficacia» y pidió «que haya proporcionalidad» entre los hechos sancionables y los castigos. El presidente de Concapa propuso que, además de la amonestación y la sanción, se tengan en cuenta otras posibles medidas correctoras como la realización de servicios sociales en el centro.
Por su parte desde la Asociación Contra el Acoso Escolar su presidenta, Encarna García, pidió «que sea la consejería la última que decida». García mostró su preocupación «por la situación que seguirá existiendo en los colegios concertados, donde no hay tanto control». Apoyó, en cualquier caso, la norma «siempre que los acosadores sean sacados del colegio y reeducados».
Centros y sindicatos
Francisco Alonso, presidente de la Asociación de Directivos y Directivas de Educación Secundaria aseguró que «el decreto es bienvenido porque es ágil, aunque es una pena que no se hubiera hecho hasta ahora, pues llevábamos tiempo reclamándolo». Alonso pidió que se desarrolle mejor la figura de la mediación y se forme a los educadores para ella.
Desde la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT destacaron que «cortar las faltas con rapidez evita que se agraven las conductas». El objetivo fundamental es recuperar la autoridad del profesor, pero los castigos tienen que ser educativos. Adolfo Congil, secretario general de la Federación de Enseñanza de USO-Asturias también aplaudió «que los problemas se resuelvan en el mismo centro, sin entrar en procesos farragosos».
Luis Fernández León, de CC OO, criticó la falta de diálogo de la consejería y consideró que el decreto «comenzará cojo si no va acompañado de medidas de carácter preventivo como introducir profesores de apoyo en Primaria, rebajar las ratios en infantil o dotar a tiempo completo las tutorías de acogida». JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ
FRANCISCO ALONSO
LUIS FERNÁNDEZ LEÓN
