
El nuevo titular de Salud explicó en el Parlamento regional los ejes de su estrategia política y dejó la sensación de que persigue un cambio radical. Partiendo de la base de que inyectar más recursos económicos no es una solución por sí misma, detalló toda una catarata de iniciativas -algunas «impopulares»- que en buena medida se sustanciarán en la futura Ley de Salud, que llegará a la Junta General a mediados de 2009. Para ello. Quirós iniciará un diálogo con las fuerzas políticas y los agentes sociales «que deberá determinar qué sistema de salud queremos tener en el Principado de aquí a 10 años».
La necesidad de completar la actual plantilla sanitaria, hoy «insuficiente», obligará a algunos cambios. A la contratación de profesionales extranjeros se sumará la convocatoria de una oferta de empleo público y la aparición de incentivos a los trabajadores para desplazarse a zonas que, como las alas de Asturias, tienen mayores necesidades en la materia.
Como prometió el PSOE en campaña, Salud regulará por decreto los tiempos máximos de las listas de espera con un plazo límite de seis meses porque su eliminación total es «imposible». Quirós precisó que ello se puede hacer sin llevar pacientes a clínicas privadas sino, por ejemplo, derivándolos entre los distintos hospitales de la red pública. «Cada centro debe estar interrelacionado con el resto», apostilló. Entre las medidas para mejorar la eficacia del sistema también se encuentra la intención de abrir los centros de salud en horario de tarde, algo que «se negociará con los sindicatos».
«Más eficiencia»
El consejero abundó en sus prioridades. Como parte de la Ley de Salud se analizará una reforma del mapa sanitario que tenga en cuenta «el cambio poblacional y los avances en las comunicaciones». En este punto, Quirós dio a entender que será favorable a una fusión de áreas sanitarias -hay ocho- si se cumple un objetivo: «Mejorar la eficiencia». En ese caso, dijo, «no pondría pegas».
Habrá más cambios. Para el Hospital de Arriondas, hoy tutelado por un patronato, Quirós apuesta por un cambio estatutario que dé paso a una fundación pública. En el caso del Centro de Tejidos y Transfusiones, sin embargo, «las circunstancias jurídicas» no permiten avanzar hacia ese mismo modelo.





