Oriente
La aprobación de compensaciones a los ayuntamientos desbloquea el plan de Picos
Cangas de Onís y Onís recibirán un millón de euros en inversiones para los años 2007 y 2008 El Principado se reunirá en enero con Castilla y León y Cantabria para acordar el modelo de gestión
17.11.07 -
PAISAJE. Una imagen de las Vegas de Sotres, en territorio del parque nacional. / NEL ACEBAL
La aplicación del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de los Picos de Europa queda por fin desbloqueada. La aprobación por parte de la Comisión Mixta del parque de un borrador de Real Decreto por el que se regularán las indemnizaciones y compensaciones que recibirán los ayuntamientos afectados por las limitaciones que supone vivir en territorio protegido permitirá dar vigencia al PRUG, el documento que marca el funcionamiento, las restricciones y las características del parque nacional.
Este documento no había podido entrar en vigor porque los ayuntamientos con territorios en el parque creían que no habían sido indemnizados adecuadamente. Los tribunales señalaron entonces la obligatoriedad de establecer un mecanismo regulador para estas ayudas, lo que imposibilitó la correcta aplicación del plan.
Ahora, el Ayuntamiento de Onís y el de Cangas de Onís han llegado a un acuerdo mediante sendos convenios para recibir esas compensaciones. Amieva y Cabrales ya habían alcanzado acuerdos similares con anterioridad. Además, explicó el alcalde de Onís, José Antonio González, los acuerdos alcanzados son, en su caso, «plenamente satisfactorios».
Las cifras también parecen atestiguarlo. Ambos municipios recibirán inversiones por valor de un millón de euros para distintas obras y servicios a lo largo de los años 2007 y 2008. En concreto, el dinero se destinará al equipamiento del edificio de servicios múltiples de Onís (unos 200.000 euros), al acondicionamiento integral de los núcleos de Benia y Avín, a la dotación de contenidos del centro de recepción turístico de la Casa Riera en Cangas de Onís y al acondicionamiento de los núcleos de Torió, Cueto Abamia, Nieda, Cabielles y Narciandi, así como a la construcción de una pista de acceso a los pastos de Següencu.
Urbanización de Sotres
En la misma reunión, a la que asistieron la Consejera de Medio Ambiente del Principado, Belén Fernández, sus homólogos en Cantabria y Castilla y León y el secretario general de Patrimonio Natural y Biodiversidad, Antonio Serrano, se acordó también abordar la urbanización integral de la población de Sotres, en el concejo de Cabrales. Parques Nacionales elaborará el proyecto a lo largo del año 2008 y procederá a continuación a contratar la ejecución de las obras.
La consejera asturiana aseguró que tanto el convenio acordado con los alcaldes asturianos como la obra en Cabrales «ejemplifican el compromiso inversor del Estado con el Principado de Asturias y las bondades que la Reserva de la Biosfera puede traer a los territorios vinculados a ella».
La reunión de este ente fue la primera que se produjo tras las elecciones regionales y municipales del pasado mes de mayo, por lo que sirvió como toma de contacto entre los nuevos cargos electos. Quizás por eso, tampoco se avanzó mucho en el otro gran tema pendiente para el correcto funcionamiento del parque, que no es otro que el traspaso de competencias del Estado a las diferentes comunidades autónomas.
El parque de los Picos de Europa tiene la característica de que se distribuye por territorio de tres comunidades autónomas, por lo que es el único del país que aún sigue bajo tutela directa del Estado, aunque con representación de los tres gobiernos regionales y los Ayuntamientos en los diferentes órganos de gobierno.
El próximo encuentro para tratar este tema se celebrará a principios de 2008 en Castilla y León, por iniciativa de su consejera. El objetivo es el de determinar el modelo de gestión idóneo para desarrollar en el espacio protegido una vez que se materialice definitivamente su transferencia por parte del Gobierno central. «Se trata de ver qué instrumento es el idóneo, bien a través de un consorcio u otra figura», indicó María Jesús Ruiz, la consejera de Medio Ambiente castellano leonesa.
Otro de los temas que se trataron en el encuentro de ayer fue el de la supresión definitiva de las actividades de caza y pesca en el territorio del Parque Nacional, una medida que se viene aplicando en Asturias y Cantabria, pero no en Castilla y León. Antonio Serrano recordo que si bien la ley establece para ello un plazo de diez años, la Comisión Mixta decidio acortar estos plazos «por medio de acuerdos voluntarios».
La imposibilidad de poder realizar estas prácticas en sus territorios, así como otras limitaciones, son la base establecida por los Ayuntamientos para exigir compensaciones, por lo que supone que los castellano leoneses exigirán más compensaciones a cambio de cesar en su actividad.
Este documento no había podido entrar en vigor porque los ayuntamientos con territorios en el parque creían que no habían sido indemnizados adecuadamente. Los tribunales señalaron entonces la obligatoriedad de establecer un mecanismo regulador para estas ayudas, lo que imposibilitó la correcta aplicación del plan.
Ahora, el Ayuntamiento de Onís y el de Cangas de Onís han llegado a un acuerdo mediante sendos convenios para recibir esas compensaciones. Amieva y Cabrales ya habían alcanzado acuerdos similares con anterioridad. Además, explicó el alcalde de Onís, José Antonio González, los acuerdos alcanzados son, en su caso, «plenamente satisfactorios».
Las cifras también parecen atestiguarlo. Ambos municipios recibirán inversiones por valor de un millón de euros para distintas obras y servicios a lo largo de los años 2007 y 2008. En concreto, el dinero se destinará al equipamiento del edificio de servicios múltiples de Onís (unos 200.000 euros), al acondicionamiento integral de los núcleos de Benia y Avín, a la dotación de contenidos del centro de recepción turístico de la Casa Riera en Cangas de Onís y al acondicionamiento de los núcleos de Torió, Cueto Abamia, Nieda, Cabielles y Narciandi, así como a la construcción de una pista de acceso a los pastos de Següencu.
Urbanización de Sotres
En la misma reunión, a la que asistieron la Consejera de Medio Ambiente del Principado, Belén Fernández, sus homólogos en Cantabria y Castilla y León y el secretario general de Patrimonio Natural y Biodiversidad, Antonio Serrano, se acordó también abordar la urbanización integral de la población de Sotres, en el concejo de Cabrales. Parques Nacionales elaborará el proyecto a lo largo del año 2008 y procederá a continuación a contratar la ejecución de las obras.
La consejera asturiana aseguró que tanto el convenio acordado con los alcaldes asturianos como la obra en Cabrales «ejemplifican el compromiso inversor del Estado con el Principado de Asturias y las bondades que la Reserva de la Biosfera puede traer a los territorios vinculados a ella».
La reunión de este ente fue la primera que se produjo tras las elecciones regionales y municipales del pasado mes de mayo, por lo que sirvió como toma de contacto entre los nuevos cargos electos. Quizás por eso, tampoco se avanzó mucho en el otro gran tema pendiente para el correcto funcionamiento del parque, que no es otro que el traspaso de competencias del Estado a las diferentes comunidades autónomas.
El parque de los Picos de Europa tiene la característica de que se distribuye por territorio de tres comunidades autónomas, por lo que es el único del país que aún sigue bajo tutela directa del Estado, aunque con representación de los tres gobiernos regionales y los Ayuntamientos en los diferentes órganos de gobierno.
El próximo encuentro para tratar este tema se celebrará a principios de 2008 en Castilla y León, por iniciativa de su consejera. El objetivo es el de determinar el modelo de gestión idóneo para desarrollar en el espacio protegido una vez que se materialice definitivamente su transferencia por parte del Gobierno central. «Se trata de ver qué instrumento es el idóneo, bien a través de un consorcio u otra figura», indicó María Jesús Ruiz, la consejera de Medio Ambiente castellano leonesa.
Otro de los temas que se trataron en el encuentro de ayer fue el de la supresión definitiva de las actividades de caza y pesca en el territorio del Parque Nacional, una medida que se viene aplicando en Asturias y Cantabria, pero no en Castilla y León. Antonio Serrano recordo que si bien la ley establece para ello un plazo de diez años, la Comisión Mixta decidio acortar estos plazos «por medio de acuerdos voluntarios».
La imposibilidad de poder realizar estas prácticas en sus territorios, así como otras limitaciones, son la base establecida por los Ayuntamientos para exigir compensaciones, por lo que supone que los castellano leoneses exigirán más compensaciones a cambio de cesar en su actividad.
