GIJÓN
Siete preguntas al lobo
14.12.07 -
RECORDARÁN ustedes, en la transición democrática, aquella revista satírica que se llamó 'Hermano Lobo' y, en la misma, una sección de cuyo título me apropio en este escrito para dejar en el aire las famosas siete preguntas que siempre finalizaban con la respuesta aullante del lobo. Pues bien, en relación con la tan traída y llevada obra de ampliación de El Musel y su sobrecoste y con las informaciones y comparecencias que en estos días, tanto en los medios de comunicación como en la Junta General del Principado, hemos leído y escuchado, ahí van siete preguntas, cuyas respuestas podrían dejar satisfecho al personal, que, de forma mucho más activa de lo que se dice, va a pagar las perras del sobrecoste, los 251 millones de euros, IVA incluido.
Recapitulemos, el contratista consigue que la Autoridad Portuaria acepte una ampliación de 216,31 millones de euros, sin contar el IVA: 185,24 millones por la falta de canteras según justificación de ambos (canteras haylas, pero parece que las hayan querido), 13,28 millones en mejoras (lo cual implica que la ingeniería de base estaba mal dimensionada), 11,45 millones en daños por los temporales (es posible que la ejecución, planificación y diseño hayan sido inadecuados) y 6,34 millones para asistencia técnica y nuevos estudios (lo que reafirma un posible error de la ingeniería o su cortedad en el estudio).
Ahí van las preguntas:
¿Es cierto que, al principio de la obra, la UTE responsable de la misma se hizo con parte del monte Xove a través de SATO para comenzar a explotar una cantera de la zona y que junto a ésta existía un proyecto de explotación de particulares para extraer cuarcitas con todos los permisos en 25.000 metros cuadrados del señor Del Villar y otros, a los que la empresa ofreció un precio de 0,20 euros por tonelada, que, obviamente, fue rechazada por dichos particulares?
¿Es cierto que la UTE pretendió desmochar el alto Aboño, pero que no lo consiguió por ser ésta una zona de cantera de propiedad de Cementos Tudela Veguín y de varios vecinos, que dicha empresa está excavando para ampliar la planta cementera aneja, que la tierra de desecho se lleva a El Musel y que, además, tiene un contenido geológico inadecuado para los rellenos, amén de oposición vecinal?
¿Es cierto que, en vez de comprar el material a los propietarios a 1 euro la tonelada, se decide comprarlo en León, con un coste que multiplica por cinco el que tendría abasteciéndose en la zona, cuando las explotaciones citadas tienen todos los permisos y llevan invertidos más de 300.000 euros en ellos, sin contar con el precio del transporte que se hace de oro con esta operación?
¿Es cierto que los citados propietarios recibieron una oferta de un empresario cántabro para explotar su cantera y que éste la retiró tras recibir presiones sobre la base de que no iba a recibir contratos con la Administración si compraba a dichos propietarios?
¿Es cierto que la oferta de la empresa de Florentino Pérez, en estos momentos, ya es de 0,65 euros/ tonelada, una vez conseguido el sobrecoste con su correspondiente beneficio?
¿No es cierto que Hidroeléctrica del Cantábrico, empresa a la que se acusa de poner impedimentos a la explotación de sus canteras, no tiene tales, pero no sale a desmentirlo porque en la opción de la instalación de la central de ciclo combinado en el solar del nuevo puerto puede tener opciones a ser la adjudicataria de la planta?
¿Por qué esta obra, la mayor obra pública jamás licitada en Asturias, no está sujeta a la ley de contratos de las administraciones públicas española, que, entre otras cosas, limita el importe de los modificados hasta un límite del 20% sin nueva licitación y que, sin embargo, se financia con ingentes fondos públicos?
Si es obra sujeta a contrato privado deberían poner el dinero los empresarios. Ya vendrá Bruselas. Mientras, ya saben, la respuesta del lobo: ¿uuuuuuhh!
Recapitulemos, el contratista consigue que la Autoridad Portuaria acepte una ampliación de 216,31 millones de euros, sin contar el IVA: 185,24 millones por la falta de canteras según justificación de ambos (canteras haylas, pero parece que las hayan querido), 13,28 millones en mejoras (lo cual implica que la ingeniería de base estaba mal dimensionada), 11,45 millones en daños por los temporales (es posible que la ejecución, planificación y diseño hayan sido inadecuados) y 6,34 millones para asistencia técnica y nuevos estudios (lo que reafirma un posible error de la ingeniería o su cortedad en el estudio).
Ahí van las preguntas:
¿Es cierto que, al principio de la obra, la UTE responsable de la misma se hizo con parte del monte Xove a través de SATO para comenzar a explotar una cantera de la zona y que junto a ésta existía un proyecto de explotación de particulares para extraer cuarcitas con todos los permisos en 25.000 metros cuadrados del señor Del Villar y otros, a los que la empresa ofreció un precio de 0,20 euros por tonelada, que, obviamente, fue rechazada por dichos particulares?
¿Es cierto que la UTE pretendió desmochar el alto Aboño, pero que no lo consiguió por ser ésta una zona de cantera de propiedad de Cementos Tudela Veguín y de varios vecinos, que dicha empresa está excavando para ampliar la planta cementera aneja, que la tierra de desecho se lleva a El Musel y que, además, tiene un contenido geológico inadecuado para los rellenos, amén de oposición vecinal?
¿Es cierto que, en vez de comprar el material a los propietarios a 1 euro la tonelada, se decide comprarlo en León, con un coste que multiplica por cinco el que tendría abasteciéndose en la zona, cuando las explotaciones citadas tienen todos los permisos y llevan invertidos más de 300.000 euros en ellos, sin contar con el precio del transporte que se hace de oro con esta operación?
¿Es cierto que los citados propietarios recibieron una oferta de un empresario cántabro para explotar su cantera y que éste la retiró tras recibir presiones sobre la base de que no iba a recibir contratos con la Administración si compraba a dichos propietarios?
¿Es cierto que la oferta de la empresa de Florentino Pérez, en estos momentos, ya es de 0,65 euros/ tonelada, una vez conseguido el sobrecoste con su correspondiente beneficio?
¿No es cierto que Hidroeléctrica del Cantábrico, empresa a la que se acusa de poner impedimentos a la explotación de sus canteras, no tiene tales, pero no sale a desmentirlo porque en la opción de la instalación de la central de ciclo combinado en el solar del nuevo puerto puede tener opciones a ser la adjudicataria de la planta?
¿Por qué esta obra, la mayor obra pública jamás licitada en Asturias, no está sujeta a la ley de contratos de las administraciones públicas española, que, entre otras cosas, limita el importe de los modificados hasta un límite del 20% sin nueva licitación y que, sin embargo, se financia con ingentes fondos públicos?
Si es obra sujeta a contrato privado deberían poner el dinero los empresarios. Ya vendrá Bruselas. Mientras, ya saben, la respuesta del lobo: ¿uuuuuuhh!
