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OPINIÓN EDITORIAL
Combatir la inflación
15.12.07 -

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EL dato definitivo del Índice de Precios al Consumo correspondiente al mes de noviembre confirma el encarecimiento de la cesta de la compra, el cual, agravado por el impacto del repunte del barril de petróleo, ha situado la inflación en el 4,1%, la cifra más elevada desde enero de 2006. Las consecuencias de este incremento resultan aún más negativas si se tiene en cuenta que el IPC duplica en estos momentos la estadística prevista cuando se aprobaron los Presupuestos para 2007, lo que evapora las expectativas del Gobierno de poder reconducir a corto plazo las presiones inflacionistas. Unas tensiones a las que está contribuyendo de manera determinante el alza del coste del crudo, cuya inesperada y acelerada subida repercute ya en las economías de todos los grandes países consumidores de la OCDE. Pero esta constatación no hace más que intensificar las debilidades y carencias de nuestro modelo. España sufre un crecimiento de los precios más acusado debido, por una parte, a que el gasto en energía por unidad de producto resulta muy superior al de otros países de nuestro entorno. Y, por otra, a la carestía de los precios de los alimentos frescos, justamente aquellos que merman el poder adquisitivo de las economías domésticas menos holgadas.

Este encarecimiento puede ser atribuible en parte a factores especulativos, tal y como demuestra que se haya ampliado el diferencial entre las sumas que reciben los agricultores y las que abonan finalmente los consumidores. Pero ese condicionante no justifica la renuencia del Gobierno a admitir el riesgo de las tensiones inflacionistas, ni los mensajes confusos que ahora aplazan ya las expectativas de poder moderar los precios hasta mediados de 2008. El incremento del IPC forzará al Estado a compensar por encima de lo presupuestado a los ciudadanos que perciben una pensión. Pero puede acabar deparando también un doble efecto combinado, provocado por el intento de los trabajadores de recuperar su capacidad adquisitiva, tratando de anticipar subidas extraordinarias en sus salarios, y por la perniciosa tentación de las empresas de trasladar a los precios de venta los eventuales aumentos los costes que prevean.

Estas perspectivas obligan al Gobierno a esforzarse por revitalizar la credibilidad de su discurso y aliviar la inquietud social ante un repunte inflacionista, cuya percepción por parte de la ciudadanía es más acentuada que la transmitida por las valoraciones oficiales.

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