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Economía

ECONOMÍA
Una docena de empresas rastrean crudo y gas en el subsuelo nacional
28.01.08 -

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Una docenas de empresas buscan o extraen en la actualidad crudo y gas en todo el territorio nacional. Repsol YPF, Cepsa, la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA) y Petroleum son las más representativas y la británica Medoil una de las últimas en sumarse a la aventura con un proyecto para buscar crudo frente a la costa de Valencia. En total, están vigentes alrededor de 70 permisos y 25 concesiones de explotación para buscar hidrocarburos, según informes de la Comisión Nacional de Energía. Aunque los expertos no lo califican de 'boom' -hace 20 años el número de empresas superaba la treintena- sí reconocen que la actividad es superior a la que se vivió en los noventa debido, en gran medida, a la escalada que ha registrado el precio del petróleo en los últimos años.

La máxima a la que recurren los geólogos para responder a la pregunta de dónde han petróleo es simple: busca donde ya hay. En España hay tres grandes áreas en las que se centra la explotación y exploración de crudo y gas. Se trata de la cuenca vascocantábrica, la mediterránea (frente a Cataluña y Comunidad Valenciana) y el valle de Guadalquivir (gas natural).

Pese a la paulatina recuperación de esta actividad, las inversiones siguen siendo modestas. El dinero destinado a las actividades de exploración y explotación por las empresas alcanzólos 44,9 millones de euros en 2005, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Industria. Aunque el importe duplica al que se registro en 2004, sigue muy lejos de los 141 millones invertidos en 2001. La producción también ha seguido cayendo. Así, en 2005 se realizó un único sondeo, frente a los tres de 2004 y a los cinco de 2003. En comparación con países vecinos, como Francia o Italia, España no está lo suficientemente explorada. Al incremento de los costes de exploración y el aumento del riesgo, los expertos aluden al papeleo y a los retrasos a los que las compañías deben hacer frente para conseguir las autorizaciones para realizar los trabajos de exploración y explotación para justificar que en España la actividad sea más reducida.

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