
En el informe anual sobre inmigración clandestina, titulado 'Derechos humanos en la frontera sur 2007' y que profundiza en algunos de los aspectos «más problemáticos» de las rutas migratorias desarrolladas por España, se calcula que al menos 3.500 inmigrantes se han dejado la vida como resultado de políticas de control de fronteras «cada vez más represivas y crueles».
Y podrían ser muchos más, ya que, como consta en el informe, es prácticamente imposible contabilizar a las víctimas que cayeron en la ruta que atraviesa el Sahel y se dirige hacia Argelia o Libia. Así, el informe subraya que, según reconocen algunos altos cargos, «el desierto del Sáhara se ha convertido en una inmensa tumba de arena».
En el caso de España, la trágica cifra asciende a 921, aunque hay que diferenciar las muertes o desapariciones en aguas españolas, un total de 189, y las registradas en las costas del Magreb y África occidental de aquellos que ni siquiera lograron salir del continente con destino a nuestro país, las otras 732. De estas muertes, 629 eran de origen subsahariano, 287 magrebíes y cinco asiáticos.
Aunque se trata de datos sensiblemente mejores a los registrados durante 2006, y podrían inducir a pensar en una tendencia a la baja, las esperanzas se relativizan al comprobar que durante dos primeros meses de 2008 ya han fallecido 89 personas.
Menos rigor con Brasil
El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil , Celso Amorim, aseguró ayer haber acordado con su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, una «tregua» para los ciudadanos brasileños que lleguen a los aeropuertos españolas con controles «menos rígidos» por parte de las autoridades migratorias.
«Me llamó (Moratinos) para buscar solución. Interpreto esa llamada como una tregua, un esfuerzo para reducir el número de brasileños a los que se impide entrar en España», afirmó Amorim, quien consideró la llamada de ayer como «una actitud de contención» por parte de España para evitar que la situación acabe en una crisis diplomática.
Amorim y Moratinos confirmaron ayer en una conversación telefónica que representantes de los ministerios de Exteriores y del Interior de ambos países celebren una reunión después de Semana Santa en un lugar aún por determinar para abordar la polémica de las expulsiones de españoles y brasileños en los aeropuertos de ambos países.
Según datos de Brasilia, unos 750 brasileños han sido deportados de España en lo que va de año, y cerca de 3.000 en 2007, lo cual motivó una queja formal de Brasilia a Madrid, que se tradujo en la orden de Lula de aplicar el principio de «reciprocidad» a los españoles que lleguen al país.





