«Queremos que elaboren alguna iniciativa para modificar ya no la normativa en Gijón sino la ley en el ámbito estatal», explica Amador García. En caso de que el gobierno no se mostrase receptivo, los representantes vecinales han decidido poner en marcha una campaña de iniciativa popular, con el objetivo de reunir un total de 500.000 firmas, procedentes de toda España,«para poder presentarlas en el Congreso».





