GIJÓN
Las restricciones que piden los vecinos para las antenas «no son legales»
El Ayuntamiento rechaza las propuestas de la FAV, pero acepta una reunión. La alcaldesa remitió información jurídica a los portavoces de las protestas
El Ayuntamiento de Gijón no podrá incorporar en su ordenanza reguladora de las antenas de telefonía móvil las propuestas que ha realizado la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona urbana (FAV). Y no lo hará porque esas cuestiones «no son legalmente viables». Es decir, que el Ayuntamiento no tiene competencias para, entre otras cosas, restringir la instalación de estas terminales en determinados lugares. El portavoz de la junta de gobierno, José María Pérez, así lo explicó ayer, después de que la FAV presentara en el registro municipal su propia propuesta para modificar la ordenanza.
Los vecinos plantean respetar una distancia mínima de 500 metros entre las antenas y los colegios, institutos, centros sociales, médicos y hospitales. También quieren que el Consistorio exija a los operadores una plan de actuación antes de concederles la licencia, o que sea necesario que una comunidad de vecinos aprueba por unanimidad su instalación. Pero nada de eso será posible, porque el marco legal que regula estas cuestiones es estatal, y no local. «Hay una competencia exclusiva del Estado en materia de telecomunicaciones», aseguró Pérez. Es más, existen antecedentes de sentencias judiciales que condenan a ayuntamientos por haber aplicado «medidas como las que pide la FAV». Uno de ellos fue el Consistorio de Ávila, que había marcado distancias mínimas de seguridad, entre otras cosas. La justicia dio la razón a los operadores, y no al Ayuntamiento.
Por eso, José María Pérez aseguró que antes de introducir cambios en la normativa municipal habría que hacerlos en la estatal: «Si la normativa estatal fuera otra, la ordenanza también podría ser diferente». Pero no lo es. Y lo máximo que puede hacer el Ayuntamiento es, según el portavoz de la junta de gobierno, estudiar si puede introducir alguna «mejora» en el texto. De hecho, la propia federación vecinal sabe desde el principio de esta movilización que habría que conseguir un cambio legal estatal. Por eso, pretenden que sea la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos la que se ponga manos al asunto y medie ante el Ministerio de Medio Ambiente. Además, plantean la posibilidad de poner en marcha una iniciativa popular, para reunir 500.000 firmas y obligar así al Congreso a debatir esta cuestión.
Por su parte, el Ayuntamiento ya remitió ayer toda la información al respecto a la directiva de la FAV. Fue la propia alcaldesa, dijo Pérez, quien en la mañana de ayer envió la documentación sobre la situación legal de la regulación de las antenas de telefonía móvil, incluidas las sentencias contra ayuntamientos, «para que sepan por qué no se contemplaron ya estas cuestiones en la actual ordenanza, por las consecuencias legales que podría tener para el Ayuntamiento». No obstante, algún representante del equipo de gobierno se reunirá con los portavoces de la FAV, para trasladarles en persona esas cuestiones.
Posibles mejoras
Mientras tanto, el equipo de gobierno sí está dispuesto a estudiar esas posibles mejoras. Ese estudio se llevará a cabo después de que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) haya publicado una especie de guías para que los ayuntamientos utilicen de ejemplo para sus propias normativas. Pérez aseguró que Gijón estudiará ese guión. Se trata de un acuerdo tomado en el seno de la federación el pasado 29 de abril, que se resume en un modelo de ordenanza que incorpora la jurisprudencia más reciente. Así, establece los requisitos que estas instalaciones deben cumplir, desde el punto de vista urbanístico, de la protección ambiental y de la seguridad.
La FAV comenzó hace algunos meses con esta campaña, que les ha llevado no sólo a presentar una alternativa a la ordenanza, sino también a salir a la calle en busca de los apoyos ciudadanos. Por su parte, José María Pérez recordó ayer que la actual ordenanza (reguladora de las condiciones urbanísticas para la instalación y funcionamiento de equipos de radiocomunicación), se aprobó después de «haber dialogado con distintos colectivos, entre ellos la federación vecinal».
Los vecinos plantean respetar una distancia mínima de 500 metros entre las antenas y los colegios, institutos, centros sociales, médicos y hospitales. También quieren que el Consistorio exija a los operadores una plan de actuación antes de concederles la licencia, o que sea necesario que una comunidad de vecinos aprueba por unanimidad su instalación. Pero nada de eso será posible, porque el marco legal que regula estas cuestiones es estatal, y no local. «Hay una competencia exclusiva del Estado en materia de telecomunicaciones», aseguró Pérez. Es más, existen antecedentes de sentencias judiciales que condenan a ayuntamientos por haber aplicado «medidas como las que pide la FAV». Uno de ellos fue el Consistorio de Ávila, que había marcado distancias mínimas de seguridad, entre otras cosas. La justicia dio la razón a los operadores, y no al Ayuntamiento.
Por eso, José María Pérez aseguró que antes de introducir cambios en la normativa municipal habría que hacerlos en la estatal: «Si la normativa estatal fuera otra, la ordenanza también podría ser diferente». Pero no lo es. Y lo máximo que puede hacer el Ayuntamiento es, según el portavoz de la junta de gobierno, estudiar si puede introducir alguna «mejora» en el texto. De hecho, la propia federación vecinal sabe desde el principio de esta movilización que habría que conseguir un cambio legal estatal. Por eso, pretenden que sea la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos la que se ponga manos al asunto y medie ante el Ministerio de Medio Ambiente. Además, plantean la posibilidad de poner en marcha una iniciativa popular, para reunir 500.000 firmas y obligar así al Congreso a debatir esta cuestión.
Por su parte, el Ayuntamiento ya remitió ayer toda la información al respecto a la directiva de la FAV. Fue la propia alcaldesa, dijo Pérez, quien en la mañana de ayer envió la documentación sobre la situación legal de la regulación de las antenas de telefonía móvil, incluidas las sentencias contra ayuntamientos, «para que sepan por qué no se contemplaron ya estas cuestiones en la actual ordenanza, por las consecuencias legales que podría tener para el Ayuntamiento». No obstante, algún representante del equipo de gobierno se reunirá con los portavoces de la FAV, para trasladarles en persona esas cuestiones.
Posibles mejoras
Mientras tanto, el equipo de gobierno sí está dispuesto a estudiar esas posibles mejoras. Ese estudio se llevará a cabo después de que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) haya publicado una especie de guías para que los ayuntamientos utilicen de ejemplo para sus propias normativas. Pérez aseguró que Gijón estudiará ese guión. Se trata de un acuerdo tomado en el seno de la federación el pasado 29 de abril, que se resume en un modelo de ordenanza que incorpora la jurisprudencia más reciente. Así, establece los requisitos que estas instalaciones deben cumplir, desde el punto de vista urbanístico, de la protección ambiental y de la seguridad.
La FAV comenzó hace algunos meses con esta campaña, que les ha llevado no sólo a presentar una alternativa a la ordenanza, sino también a salir a la calle en busca de los apoyos ciudadanos. Por su parte, José María Pérez recordó ayer que la actual ordenanza (reguladora de las condiciones urbanísticas para la instalación y funcionamiento de equipos de radiocomunicación), se aprobó después de «haber dialogado con distintos colectivos, entre ellos la federación vecinal».
