Esta circunstancia pone de manifiesto las dudas que en un sector de la carrera judicial suscitaba la constitucionalidad del artículo 153.1 del Código Penal en la redacción dada al mismo por la Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que fue aprobada por unanimidad en el Congreso y el Senado.
De hecho, el Alto Tribunal ha tenido que pronunciarse sobre ese precepto a raíz precisamente de las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por una decena de jueces, que consideran que el artículo podría vulnerar el principio de igualdad.





