
La propuesta de Cajastur parte, al igual que la presentada por el presidente de Clas, Bertino Velasco, de la base de un desdoblamiento de la sociedad agraria de transformación (SAT) en una sociedad limitada patrimonial -que agruparía a los 7.470 socios, entre ganaderos activos y pasivos- y en una SAT formada exclusivamente por los socios ganaderos activos (1.280 en la actualidad). De llevarse a cabo tal reforma, la entidad financiera que preside Manuel Menéndez, ofrecerá liquidez para que todos aquellos socios que quieran separarse de la sociedad limitada «puedan hacerlo vendiendo sus participaciones de forma equitativa y a un valor razonable, determinado por métodos comúnmente aceptados».
Cajastur se compromete a adquirir las participaciones de aquellos socios que no quieran continuar en la sociedad limitada. La valoración se hará de forma «razonable» y se revisará anualmente una vez que se auditen las cuentas de la sociedad. La entidad también ha diseñado el proceso de compra: las solicitudes de venta de participaciones serán recogidas, en cualquier momento del año, en las oficinas de Cajastur en Asturias. La entidad centralizará las peticiones e informará sobre la documentación necesaria y establecerá distintos periodos al año para formalizar la compraventa de participaciones ante notario.
Según el acuerdo de socios en CAPSA que plantea Cajastur, la sociedad limitada reconoce una serie de «derechos adicionales» a la entidad financiera y el pacto persigue «garantizar la estabilidad» de la compañía láctea «impulsando su proyecto empresarial a fin de posibilitar su crecimiento futuro», así como «preservar los vínculos de CAPSA con el Principado de Asturias».
El gobierno corporativo estará basado en «el consenso» entre la sociedad limitada y Cajastur en las principales materias, entre ellas «la asturianidad», que conlleva el mantenimiento de la sede de la compañía en la región, la «preferencia» por el empleo y las inversiones en Asturias y la protección de los activos fundamentales de la sociedad limitada, como la marca 'Asturiana' y las acciones de CAPSA.
Mes y medio después de que Bertino Velasco, presidente de Clas, anunciara en la junta rectora su propuesta para reformar la sociedad agraria de transformación, Cajastur sale a escena afirmando que está dispuesta a apoyar al resto de los socios «siempre y cuando éstos lo estimen conveniente». Por eso llevará su oferta de pacto de accionistas a la votación de la asamblea extraordinaria de Clas.
Tanto el consejero delegado de CAPSA, Pedro Astals, como el presidente de Clas, Bertino Velasco, saludaron ayer de forma «muy positiva» la oferta de Cajastur, «a la espera de conocer en profundidad la propuesta», informó un portavoz de la compañía láctea.
Tras la propuesta realizada a principios de abril por Velasco, el consejero delegado de CAPSA sugirió que, de salir adelante la reforma de la SAT, lo idóneo para conformar un gran grupo nacional sería «una integración a tres bandas» con Puleva y Pascual.
Marca blanca
Astals considera que el sector lácteo se encamina a medio plazo hacia la concentración para combatir «el crecimiento imparable de la marca blanca». El consejero delegado de CAPSA ha explicado que «en los últimos años, las grandes enseñas tan sólo hemos conseguido arañarnos cuota entre nosotros porque las que realmente crecen son las de la distribución».
Las marcas de leche de grandes cadenas de hipermercados y supermercados controlan ya el 41,5% del sector; Central Lechera cuenta con el 18,3%; Pascual, el 10,9%, y Puleva, el 2,8%.
Lo que está claro es que todos los actores internos, desde la propia Clas y el resto de accionistas de CAPSA -Cajastur y Caja Rural de Asturias-, y externos, como el propio Gobierno del Principado y los partidos políticos, están de acuerdo en que la compañía láctea asturiana debe crecer y tiene capacidad para liderar el sector lácteo español.
Los mismos que defienden que CAPSA tiene que crecer -la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, la Federación Socialista Asturiana y Cajastur- también han coincidido desde un principio en que el proceso debe hacerse con «transparencia» y supeditan su apoyo a la operación a que la resultante proporcione garantías de control de la empresa por parte asturiana, considerando prioritario, por tanto, la posición de los socios de referencia institucional de la compañía.






