ECONOMÍA
15.07.08 -
Obras de un buque sísmico en el astillero. / SIMAL
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) cerró ayer con los sindicatos las prejubilaciones de 87 trabajadores de la industria auxiliar de los astilleros públicos que han trabajado en el interior de las factorías de forma continuada. El acuerdo beneficiará en Gijón a 16 de los 19 trabajadores de la empresa Logística y Acondicionamientos Industriales (Lainsa).
La compañía nació en Gijón como Viuda de José Antonio Díaz y ha trabajado para Juliana durante más de 30 años. En la actualidad, está integrada en el grupo valenciano Lainsa. Según explicó ayer el presidente del comité de empresa del astillero gijonés, René Rodríguez, las condiciones de las prejubilaciones se concretarán «en 15 ó 20 días» pero se espera que los trabajadores se puedan ir a casa con el 76% de su sueldo. Los tres trabajadores restantes se integrarán a la plantilla de Juliana como personal fijo.
Tras semanas de incertidumbre sobre el futuro del astillero, el acuerdo alcanzado ayer con la SEPI logró arrancar la sonrisa a los responsables sindicales que participaron en el encuentro. «La situación de los trabajadores de la industria auxiliar era una espina que teníamos clavada en el corazón», apostilló Rodríguez.
Viejo compromiso
En los acuerdos de diciembre de 2004, origen de la privatización de los astilleros de Izar, se preveía la creación de una mesa negociadora para buscar una salida a la industria auxiliar y, aunque no recogía la posibilidad de una solución concreta para los trabajadores, los sindicatos plantearon a la SEPI y a Izar una salida para los mayores de 52 años. Finalmente, ambas partes aceptaron, con el ánimo de resolver la controversia, acudir a un arbitraje, que fue encomendado en octubre de 2007 al inspector de Trabajo Alfonso Morán Merchante.
El documento, hecho público el 5 de febrero del año pasado, se apoya en la ley de reconversión industrial de 1985, en la que se prevé la posibilidad de aplicar este tipo de beneficios a la industria auxiliar. A la hora de elaborar el listado de trabajadores, el árbitro tuvo en cuenta la estabilidad en el sector naval y la vinculación histórica a los centros de trabajo -al menos por una periodo de 15 años-, así como el desarrollo de esa actividad en el interior de los astilleros públicos.
Aparte de Lainsa en Gijón, las empresas reconocidas como industria auxiliar interna son Clequaly, en Sestao, Fene y Sevilla; Carpintería Nuestra Señora de Lourdes, en Puerto Real; Feliciano Lorente, Atein Naval y Nervión Montajes y Mantenimiento, en Ferrol, e Industrial de Acabados, Dacrio y Montajes Cabral, en Fene.
Cuentas al día
Por otro lado, las responsables de la SEPI presentaron ayer a los sindicatos de Juliana los resultados de la auditoria externa que se solicitó para contrastar los resultados económicos presentados por Vulcano. El documento realizado por el técnico vigués Carlos Montilla revela que Factorías Juliana registró al cierre de 2007 unas pérdidas de 369.000 euros después de impuestos en la construcción de los tres barcos sísmicos contratados por su propietaria, la viguesa Factorías Vulcano.
La cuantía, es similar a la que un su día reconoció Vulcano ante la Sepi y el auditor, según explicaron ayer los responsables sindicales, «no puso ninguna objeción» a las cuentas que presentó la empresa. Pese a todo, los sindicatos consideran que los problemas económicos podrían resurgir en los próximos meses.
De momento, la plantilla de Juliana mantiene en 'stand by' la huelga que anunciaron para evitar que Fernando Santadomingo cumpliera su amenaza de trasladar a Vigo el último sísmico, el 535. El pasado jueves, el empresario vigués se comprometió ante los sindicatos y la dirección del astillero a no llevar a efecto su amenaza. No obstante, la plantilla se muestra cauta a la hora de valorar la promesa y asegura que lo que el astillero necesita es carga de trabajo.
