Internacional
Omar Hassan al-Bachir es el primer mandatario en el poder procesado por La Haya
15.07.08 -
Luis Moreno Ocampo, fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya, solicitó ayer una orden de detención contra Omar Hassan al-Bachir, presidente de Sudán, al atribuirle diez cargos de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad en Darfur, región donde han fallecido más de 400.000 personas en cinco años de conflicto.
Aunque el fallecido ex presidente serbio Slobodan Milosevic y el antiguo líder liberiano Charles Taylor fueron también inculpados con anterioridad, es la primera vez que una corte de carácter permanente acusa a un mandatario en funciones. Hace dos años, el dirigente yugoslavo fue hallado muerto en su celda tras un ataque cardíaco, mientras que el sanguinario presidente africano permanece en prisión y prosigue el juicio por su implicación en las masacres de Sierra Leona.
La Fiscalía achaca a Al-Bachir la voluntad de crear y aplicar un plan para acabar con una parte sustancial de las etnias fur, masalit y zaghawau, en total, unos 2,5 de los 4,5 millones de habitantes de esta área al oeste de Sudán, un territorio de la extensión de Francia fronterizo con Chad.
La investigación llevada a cabo por Moreno Ocampo señala como razón de este exterminio la evidencia de que estos grupos constituían una amenaza contra su poder absoluto y reconoce que el dictador utilizó el aparato del Estado, las Fuerzas Armadas y la milicia 'janjaweed' para suprimirlos. El general Al-Bachir, veterano de la guerra del Yom Kippur, accedió a la presidencia en 1989 mediante un golpe y, desde entonces, reúne en su persona la máxima autoridad ejecutiva, legislativa y del Ejército de su país.
El acusador explicó que «el miedo, el hambre y la violación de mujeres y niñas son las armas más eficientes para cometer genocidio, un crimen que todavía sigue produciéndose en Darfur». Con respecto a los logros en esta masiva operación, aseguró que 35.000 civiles han sido abatidos y se ha causado la 'muerte lenta' a entre 80.000 y 220.000 personas que hubieron de abandonar sus hogares. Los atacantes iniciaron sus agresiones en las tierras de sus víctimas y prosiguieron el acoso en los campos de acogida privándolas «de medios y condiciones».
Rechazo de Jartum
El Gobierno de Jartum ha respondido inmediatamente a la acusación y ha rechazado la competencia de la institución. «Sudán no aceptó incorporarse al TPI, por lo que no tiene autoridad sobre Sudán y sus instituciones», alegó Alí Ozman Mohamed Taha, su vicepresidente. Tras el anuncio de la Fiscalía, la misión conjunta de la ONU y la Unión Africana sobre el terreno (Unamid), formada por 9.000 efectivos, declaró la «suspensión indefinida» de sus actividades como una medida preventiva contra posibles brotes de violencia por parte de los seguidores de Al-Bachir.
La misma decisión adoptó la Unmis, formada por 10.000 cascos azules desplegados en la zona meridional para supervisar el acuerdo de paz firmado en 2005 que acababa con la llamada Segunda Guerra Civil Sudanesa y que enfrentó al Gobierno con los milicianos secesionistas del sur. En el país también cooperan civiles en proyectos de desarrollo.
Aunque Ban Ki-Moon, secretario general de Naciones Unidas, ha demandado a las autoridades locales las garantías necesarias para mantener la seguridad del personal y de sus propiedades, algunos empleados de la organización ya han sido trasladados desde la capital sudanesa a Juba, la de la provincia rebelde.
Medios del aeropuerto de Jartum confesaron haber recibido numerosas solicitudes del personal occidental expatriado, deseoso de abandonar el país lo antes posible.
La falta de iniciativas de las autoridades judiciales locales en la investigación sobre los hechos de Darfur ha motivado la competencia del TPI. La decisión de emitir una orden de arresto depende ahora de los jueces de la sala preliminar y, aunque este procedimiento suele durar usualmente entre dos y tres meses, Moreno Ocampo advirtió de que, dada la complejidad del caso y la inexistencia de límites de tiempo, la resolución podría demorarse.
Un país separado
El presidente Omar al-Bachir contempla el mapa de Francia y suspira. Él también querría un país centralizado, homogéneamente islamizado, sujeto por un fuerte poder jacobino y sin tensiones centrífugas. Pero el Nilo atraviesa Sudán de norte a sur a lo largo de 2.500 kilómetros y separa dos márgenes inmensas que llegan a los 2,5 millones de kilómetros. La disparidad étnica es inevitable en el mayor país de África y las fuerzas secesionistas han generado dos grandes guerras civiles y sendos desastres humanitarios apenas recordados.
El Tribunal Penal Internacional de La Haya hace recaer sobre su poder dictatorial un protagonismo que debiera compartir con Gafaar Nimeiry o Hassan al Turabi, sus predecesores en el sueño francés. Desde su creación a mediados de los años 50, el Gobierno de Jartum, controlado por la mayoría árabe y musulmana, se ha esforzado por controlar los esfuerzos secesionistas del noreste y el sur con una política de palo y zanahoria, como la que ha practicado hábilmente París con su periferia y colonias desde la Revolución de 1789.
