Como parte de un juego político en el que cada uno intenta demostrar que es más fuerte que el otro, PSOE y PP tensan la cuerda y llegarán a la última sesión de la ponencia de reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias sin haber pactado las tres cuestiones que desde hace días están pendientes: la capitalidad de Oviedo, el sistema de investidura del presidente del Principado y la posibilidad de someter el futuro texto a referéndum. Pese a ello, nadie da crédito a la posibilidad de que la reforma no pase de esta etapa, sobre todo si se tiene en cuenta que al mismo tiempo que se 'congelan' algunos debates, se zanjan otros. El último, ayer, tiene que ver con el ámbito municipal. Siguiendo una propuesta socialista que comparte el PP y, en parte, Izquierda Unida, el Estatuto modificará el rígido sistema actual de ayudas a los ayuntamientos y dará autonomía a los alcaldes para que decidan en qué gastar esos fondos. Asimismo, se permitirá que las entidades locales participen de los ingresos tributarios de la comunidad.

Los cambios son sustanciales y responden a una vieja reivindicación municipal. A día de hoy, las ayudas que los ayuntamientos reciben del Principado son condicionadas, esto es, el proyecto en que se van a invertir ya ha sido decidido previamente. En adelante, y a través de un fondo de cooperación local, los alcaldes asumirán esa potestad. El citado fondo, según se recoge en la propuesta socialista que aún debe ser redactada con detalle, distribuirá sus recursos atendiendo «a las características socioeconómicas y territoriales de los concejos», y se regulará a través de una ley del Gobierno regional.

Queda por ver, por un lado, si este fondo sustituye en su totalidad a las ayudas condicionadas o esta figura se mantiene para algunos casos concretos, así como los límites que, dentro de la autonomía que se conceda a los alcaldes, se fijen para el empleo de las subvenciones. Por ejemplo, y sin que esto haya sido aún establecido, que no se utilicen para pagar deudas anteriores.

Transferencias

A expensas de los ajustes que todavía se puedan negociar entre las tres fuerzas parlamentarias, el futuro Estatuto asturiano incorporará otras novedades. Cualquier competencia que el Principado transfiera a los ayuntamientos «deberá ir acompañada de los medios económicos, materiales y personales adecuados y suficientes». Asimismo, cualquier modificación en la normativa autonómica que disminuya los ingresos que los municipios obtienen por la vía fiscal «habrá de prever la oportuna compensación».

Y, por último, y abriendo una vía hasta ahora cerrada, el texto permitirá que las entidades locales participen en los ingresos tributarios del Principado. Esta novedad, que supone un avance en relación al sistema de financiación local y autonómica que ahora está en negociación, tiene una pequeña salvedad. Para que sea efectiva, los socialistas precisan que la comunidad debe obtener más recursos económicos del Estado, porque con los que recibe en estos momentos no podría afrontar esa transferencia de fondos a los ayuntamientos.

El margen de acuerdo se queda ahí, excepción hecha de la aceptación socialista de eliminar el límite que obliga a que la Junta General esté integrada por entre 35 y 45 diputados y el reconocimiento a los emigrantes asturianos de los mismos derechos que quienes residen en el Principado. En el resto de cuestiones analizadas ayer, los roces son la tónica dominante. ¿Amenaza eso con tumbar el Estatuto, antes incluso de llegar a la fase de comisión? «El proceso no está bloqueado, hay acuerdo en un 99% y discrepancia en un 1%», opina el portavoz parlamentario socialista, Fernando Lastra. «Si el jueves -fecha de la última reunión- no hay solución, seguiremos hablando», matiza Ovidio Sánchez, presidente del PP, que no tiene mayor problema en que las cuestiones más delicadas queden para el mes de septiembre.

Los problemas son tres. El primero y más polémico, la capitalidad de Oviedo. El PP insiste en que este concepto debe quedar regulado por una ley, y rechaza la crítica socialista de que eso suponga un privilegio para la ciudad. «Nadie discute como un privilegio los fondos mineros, ni las ayudas que reciben los municipios costeros que en verano triplican su población», dijo Sánchez, justificando el beneficio económico que Oviedo pudiera obtener con una ley de capitalidad. A este respecto, fuentes populares precisan que el partido «no está dispuesto a ceder ni un milímetro».

El PSOE se opone, pero no tanto a la ley en sí como al hecho de que suponga un beneficio económico para Oviedo. «No aceptaremos que el Estatuto incorpore privilegios para un concejo que puedan suponer una desventaja para el resto», apostilló Lastra, que recordó que los populares toman como modelo la ley vigente en Santiago de Compostela, «que goza de una situación presupuestaria específica». En este punto, Izquierda Unida está de parte de los socialistas y afirma que la reforma «no es el marco en el que De Lorenzo debe resolver sus problemas financieros».

El PSOE, que espera una solución alternativa del PP en el encuentro del jueves, también rechaza la pretensión popular de modificar el sistema de elección del presidente, que permitiría a los diputados votar 'no' y no sólo abstenerse, como sucede hoy. Aquí lo tiene más difícil, porque IU piensa lo mismo que el PP.

«Prostitución»

El tercer punto de fricción es la posibilidad de someter el Estatuto a referéndum. Con el PSOE en contra y el PP a favor, la posición de IU se antoja relevante. Y su coordinador, Jesús Iglesias, fue claro en su negativa y acusó a los populares de usar esta figura «para diluir su responsabilidad de que Asturias vaya a tener un Estatuto de segunda». Para Iglesias, el PP «quiere hacer cómplices a los asturianos» de este hecho, lo que equivale a «prostituir la figura del referéndum», al tiempo que pretende utilizarlo como excusa para, en un momento dado, reclamar una postura más favorable al Ayuntamiento de Oviedo en el debate de la capitalidad.

¿Cómo acabará todo? El jueves es la última oportunidad, al menos antes del verano. Ovidio Sánchez admitió ayer que «algunos desacuerdos serán muy difíciles de superar», mientras que Fernando Lastra planteó la alternativa de dejar en su redacción actual aquellas cuestiones más controvertidas. «No lo compartimos», sentenció el presidente popular.