LA ponencia parlamentaria que estudia la reforma del Estatuto de Autonomía abordó la problemática de las subvenciones municipales; los dos grandes partidos están de acuerdo en crear un fondo común y en definir por ley los criterios para asignar las ayudas, que tendrán en cuenta las características socio-económicas y territoriales de los municipios. En principio, hay acuerdo en la ponencia para conceder que las subvenciones sean incondicionadas. Dicho de una manera más simple: los alcaldes podrán gastar el dinero en las cosas que consideren conveniente sin tener que dar cuenta a ninguna otra Administración. Finaliza la relación jerárquica que mantenía el Principado con los ayuntamientos, en que la cooperación se establecía en términos de un cierto dirigismo que producía malestar en las corporaciones locales. La autonomía municipal quedaba comprometida con el modelo de subvenciones condicionadas a objetivos rgionales.

Si la comisión parlamentaria o el pleno de la Junta General del Principado no cambian el acuerdo de la ponencia, se habrá producido un cambio cualitativo en las relaciones de cooperación entre el Gobierno y los consistorios. La solución propuesta coincide básicamente con las demandas de los ayuntamientos, que pedían libertad sin restricciones para gastar el dinero que recibían de otras administraciones. Los alcaldes se sentirán felices. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas como pudiera parecer porque el modelo de cooperación no cabe analizarlo únicamente por el rasero de la autonomía o la dependencia de los ayuntamientos. Los gobiernos regionales necesitan velar por la homogeneidad de las políticas que se aplican en los municipios de una misma comarca, de las que son un ejemplo las directrices de ordenación territorial en las que se inscriben los planes generales de urbanismo. Esa forma de hacer política territorial tiene en los convenios con los ayuntamientos una pieza fundamental, que ahora se deshecha.

La dimensión municipalista de la política asturiana avanza un paso más. Menos mal que la ponencia no aceptó el estatus de capitalidad, con derechos económicos, que el PP solicitó para la ciudad de Oviedo. Bien pensado, es la única propuesta estrambótica realizada en un trabajo de varios meses. El Estatuto no puede introducir nuevos agravios.