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Asturias

CONSEJERA DE BIENESTAR PP IU FADE COCEMFE ASPAYM LAS FRASES

Achaca el déficit a un «error en el cálculo» del número de beneficiarios PP e IU piden la comparecencia de la consejera en la Junta y Fade que el crédito extra debe incluirse en el sistema de financiación autonómica
25.07.08 -

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El Principado exige al Gobierno 20 millones más para hacer frente a la Ley de la Dependencia
Pilar Rodríguez y Paulo González presentaron los nuevos datos de la dependencia. / MARIO ROJAS
Asturias necesita 20 millones más de euros para hacer frente a la Ley de la Dependencia. Y los necesita este mismo año, puesto que, con la actual consignación, «da para mantener lo que ya hay», pero no para hacer frente a nuevas inversiones. ¿La razón? El reparto económico entre comunidades y Gobierno central se pactó en 2007 en relación a unas previsiones de posibles beneficiarios que, en el caso asturiano, han resultado «erróneas». La realidad de la dependencia en el Principado ha «desbordado» las estimaciones iniciales de tal forma que, si la situación no se modifica, incluso podría ralentizarse la entrada de nuevos afectados al sistema de atención.
Así lo anunció ayer en rueda de prensa la consejera de Bienestar Social, Pilar Rodríguez, quien aseguró que sus palabras «son las mismas que pronuncié ante la ministra en el Consejo Interterritorial de la Dependencia», celebrado el miércoles. Aunque afirmó, en todo momento, que «no hay que dramatizar», si dejó claro que, actualmente, «Asturias no está recibiendo la financiación necesaria acorde a la cifra real de beneficiarios». Como ejemplo, citó que «en el primer año, cuando entraban en el sistema los grandes dependientes, el Libro Blanco de la ley marcaba 6.700 personas. Pues bien, ya superamos las 10.000».
Este ritmo de incremento está afectando a todos los niveles más altos de la dependencia, es decir los grados III y II por lo que la consejera ha instado a la ministra de Educación, Políticas Sociales y Deportes, Mercedes Cabrera, «a que haga una revisión de la financiación de la ley para que la fórmula de pago se adecue al número real de personas con dependencia».
La crisis no afectará
Rodríguez, que comparte signo político con la ministra, no dudó de que la revisión «se llevará a cabo» incluso aseguró que los directores generales de todas las comunidades autónomas «realizarán sus informes en agosto para debatirlos en la primera semana de septiembre». Para Pilar Rodríguez no hay ninguna duda de que «el ministerio acabará pagando lo que es necesario, porque lo marca la ley».
No obstante, avanzó que «quizás en la cabeza de la ministra esté adelantar un año, al próximo, el parón que, por calendario, marca la propia ley, para revisarla»
Sin embargo, preguntada por el discurso de la propia Cabrera, que adelantó posibles «dificultades en el despliegue de la ley» debido «a la crisis económica», la consejera, tras asegurar que esas palabras no fueron pronunciadas en el consejo, sí quiso dejar claro que «esta consejería entiende que se debe respetar el espíritu y la letra de la ley» que marca claramente la financiación y que no debe verse afectada por la crisis. Igual que no se dejarán de pagar las pensiones, tampoco se dejará de prestar un servicio al que estas personas tienen derecho».
Enfado de la oposición
Su optimismo no fue compartido ayer ni por los grupos de la oposición, PP e IU, ni por la Federación Asturiana de Empresarios (Fade). El presidente de la patronal, Severino García Vigón, reiteró que esta «ley tiene serios problemas de gestión porque se quedaron cortos», por lo que entiende que el crédito extra «debe incluirse en el sistema de financiación autonómica».
Por su parte, tanto PP como IU-BA-LV coincidieron en pedir la comparecencia urgente de la consejera ante la Junta General, «para que expliqué por qué nos ha engañado. En realidad, esto es una paralización de las prestaciones y eso que ya llevan incumpliendo un año». Así lo aseguró la diputada del PP Inmaculada González , quien apostó «mi escaño a que ningún dependiente de grado II está recibiendo prestación».
Por su parte, Ángel González, de IU, entiende que lo ocurrido es «una prueba más de la nefasta gestión de la consejera, que ni siquiera en sus presupuestos pedía este dinero del que ahora habla». González afirma que su opción es «regalar el dinero», algo que, aseguró, «está vaciando los centros de día porque la gente coge el dinero y se queda en casa».

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