R ECIENTEMENTE hemos conocido la última rectificación del Gobierno en sus previsiones macroeconómicas para 2008 y 2009. No es ésta una cuestión menor, ya que al margen de la influencia que tiene sobre las decisiones de los agentes económicos es la base para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, también es un elemento esencial para las previsiones financieras de las comunidades autónomas.

Estas nuevas perspectivas son tan poco realistas como las anteriores, si bien es cierto que se van forzosamente adecuando a la realidad -especialmente a la del año 2008, del cual ya ha transcurrido más del mitad-, pues ésta termina forzosamente por imponerse y por estropear las brillantes estimaciones del Gobierno. Sin embargo, lo más lamentable es que la actual situación de estancamiento y elevada inflación era previsible hace ya muchos meses, desde luego antes del 9 de marzo, y durante este periodo no se han tomado medidas paliativas efectivas, más bien al contrario. Si bien el ajuste entre la excesiva inversión y el escaso ahorro está siendo más rápido de lo que se esperaba, el proceso que lo ha generado está en marcha desde hace años, y sólo la falta de un análisis adecuado y de un soporte teórico solvente ha impedido identificar y diagnosticar adecuadamente el problema así como anticipar sus consecuencias.

Es indudable que el origen último tanto de la fase expansiva como de la actual fase recesiva en la que nos encontramos es externo a la economía española, y se deriva de las nefastas políticas monetarias, tanto en Europa como en EE UU, que han causado una fortísima expansión crediticia desde el año 2001. Como consecuencia de dicha expansión, la inversión en nuestro país ha crecido de forma excesiva, especialmente en sectores de escasa capacidad de generación de valor añadido pero de alta y rápida rentabilidad, alterando nuestra estructura productiva, generando un déficit exterior enorme e impidiendo dedicar más factores y recursos a otras actividades verdaderamente competitivas. Esta crisis, una más en la serie, exige un serio replanteamiento de dichas políticas monetarias y un cambio de rumbo urgente en las mismas.

No obstante, a pesar de esta causa externa, es innegable la existencia de importantes carencias estructurales internas que empeoran gravemente nuestra situación (ausencia de un modelo energético que progrese hacia una menor dependencia energética, erráticas políticas educativas y de formación profesional, insuficiente inversión en innovación, reducida internacionalización de nuestras empresas, etcétera), así como también es innegable que las negativas medidas que hasta ahora se han adoptado, de carácter keynesiano y populista, no han venido del exterior. Precisamente para poder adoptar medidas acertadas y a tiempo es preciso contar con adecuadas previsiones, realizar un diagnóstico adecuado, evaluar el impacto de las mismas, y tener el valor político de ponerlas en práctica.

Dichas actuaciones han de tener como objetivo inmediato permitir un ajuste rápido de los sectores afectados, al tiempo que se garantice la necesaria cobertura a los más perjudicados, y sobre todo debe facilitarse la movilidad de factores (capital y trabajo) desde sectores en crisis hacia sectores en desarrollo, evitando la tentación de destinar más gasto público a frenar un proceso irreversible e inevitable, lo que además de ser ineficaz sería contraproducente, pues generaría los ya conocidos problemas derivados del déficit público (y además incentivaría la privatización de los ya reducidos servicios públicos estratégicos). Asimismo, es urgente incentivar el ahorro de familias, empresas y administraciones públicas, como mecanismo que permita eludir, al menos en parte, la actual espiral de estrangulamiento financiero, fruto del exceso de endeudamiento. Y como objetivo a medio y largo plazo, los esfuerzos han de centrarse en corregir las conocidas y graves carencias estructurales, mediante serios programas que permitan afrontar los importantes desafíos de nuestra economía, y no mediante ocurrencias vestidas de planes que habitualmente tienen un mayor efecto mediático que eficacia práctica.

Tras un crecimiento del PIB del 3,8% en 2007, las nuevas estimaciones del ministerio prevén que éste alcance el 1,6% y el 1% en los años 2008 y 2009, respectivamente. A la vista de la evolución del primer y segundo trimestre (que aportan poco más de tres décimas al crecimiento anual), y aun analizando de forma optimista los diferentes componentes de la demanda, en el presente entorno de desplome de la inversión residencial, recorte del consumo privado y negativa evolución de nuestra balanza comercial, no es descabellado concluir que 2008 puede fácilmente finalizar con un crecimiento cercano o inferior al medio punto (esto es, en el segundo semestre habría crecimiento negativo) y a su vez en 2009 probablemente nos encontremos ya en una situación de práctico estancamiento, cuando no de recesión (esto dependerá fundamentalmente de la fortaleza de la industria ante la crisis).

C omo he comentado, el proceso de ajuste o de crisis es irreversible e inevitable, y poco o nada pueden hacer los gestores públicos para eludirlo, salvo tomar nota y poner los medios para que los errores que lo han causado no se repitan sistemáticamente, demandando las medidas oportunas a los responsables de desarrollar las políticas monetarias, en nuestro caso el BCE. Pero lo que sí pueden hacer nuestros gestores, y muy bien, es empeorar la situación o alargar y agravar el ajuste: en la medida en que las decisiones que se tomen sean las adecuadas, el proceso será más corto y menos dañino, y al contrario, si el Gobierno insiste en aplicar únicamente medidas de impulso de la demanda a través del gasto público -ya probadas y fracasadas en el pasado-, la situación se agravará, las dificultades se acumularán y el periodo de estancamiento, inflación y destrucción de empleo se prolongará con total seguridad más allá de lo necesario.