El Gobierno quiso dejar claro al Tribunal Constitucional cuál es el debate de fondo en el recurso contra la ley vasca de la consulta y por qué insiste en que anule la norma y la mantenga en suspenso mientras resuelve si es o no constitucional.
El Ejecutivo, según desgrana el Abogado del Estado en un escrito de doce folios, está convencido de que el referendo que quiere celebrar el lendakari Juan José Ibarretxe el próximo 25 de octubre en el País Vasco no es más que «un instrumento» con el que pretende «forzar» al Gobierno central a asumir sus planes soberanistas. En otras palabras, dice que se trata del 'plan B' del lendakari después de que Zapatero rechazara sus «dictados políticos» en la última reunión que mantuvieron.
El escrito, respuesta a las alegaciones del Gobierno de Vitoria, indica a la corte que la ley de consulta tiene «un desnudo interés político» y que, según reconoce en su preámbulo, como Zapatero «no quiso negociar con el lehendakari en el momento elegido por éste y acerca de los puntos seleccionados de igual y unilateral manera, se pretende movilizar al electorado vasco para forzar una negociación».
Desde ese punto de vista, el Ejecutivo considera que levantar la suspensión cautelar de la ley y permitir la realización del referendo según el calendario previsto -15 de setiembre, convocatoria, y 25 de octubre, consulta-, tal como piden el Gobierno y Parlamento vascos, «supondría otorgar una prima política» a Ibarretxe. Además, sin saber si la norma es constitucional o no y con independencia de que en la consulta pudiesen salir derrotadas las tesis de Ajuria Enea, «se habría creado el precedente de que es posible utilizar un procedimiento de referendo para forzar políticamente al Gobierno español a seguir los dictados políticos del lendakari».
Recursos
En este sentido, los tres partidos que integran el Gobierno vasco -PNV, EA y EB- y Aralar presentaron ayer en Constitucional su escrito de alegaciones al recurso interpuesto por el Gobierno a la Ley de Consulta. Estas formaciones piden al Alto Tribunal que levante la suspensión de la aplicación de esta norma que acordó tras admitir a trámite el recurso del Ejecutivo y, además, le urgen a emitir su fallo sobre estas impugnaciones antes del 15 de setiembre, fecha prevista para convocar la consulta.
Este es un episodio más del pulso legal que los gobiernos de Vitoria y Madrid mantienen para levantar o mantener la suspensión cautelar de la consulta es muy posible que pierda todo su interés en pocas semanas.
La razón es que los magistrados del Constitucional trabajan desde julio con la intención de resolver el fondo del asunto, dictar sentencia de constitucionalidad o no de la ley, antes del 15 de setiembre, la fecha en la que, según la norma en suspenso, el lendakari pretende convocar la consulta. Si la intención del tribunal se cumple, la polémica sobre la pertinencia de la medida cautelar perderá todo su sentido ya que ese día Ibarretxe ya sabrá si puede o no convocar su referendo.