Politica
Un estudio de la Universidad estima en 23.000 los fallecidos
en el Principado como consecuencia de la Guerra Civil
03.09.08 -
GRÁFICO: E. C.
Un estudio que realizan profesionales de la Universidad de Oviedo, dirigido por la profesora Carmen García en colaboración con Rubén Vega y que cuenta con el impulso del Gobierno del Principado, cifra -con los datos obtenidos hasta la fecha, ya que aún no han concluido los trabajos- en 3.700 las personas represaliadas en Asturias por el franquismo de forma totalmente ilegal, con lo que son dados por desaparecidos. Otras 3.000 también fueron ejecutadas por el bando vencedor de la Guerra Civil, pero tras un juicio que concluyó con condena a muerte, lo que permite tener constancia tanto de la identidad del fallecido como de su lugar de enterramiento. Distintas asociaciones elevan, sin embargo, esa cifra y así, la Asociación Memoria Histórica Asturiana estima que «hay entre 5.000 y 7.000 personas desaparecidas o 'paseadas'», según explicó ayer su presidente, Víctor Luis Álvarez.
El Gobierno regional anunció ayer, a raíz de la iniciativa del juez Baltasar Garzón de investigar la represión llevada a cabo por el régimen de Francisco Franco, que a finales de este año pondrá a disposición de los asturianos una base de datos con más de 20.000 personas fallecidas en Asturias en la Guerra Civil, fruto del citado trabajo de la Universidad.
Amaia Caunedo, una de las participantes en la elaboración de este estudio, confirmó ayer que sus datos, a falta de varios meses de trabajo, elevan a unos 23.000 los fallecidos en la región (cifra que no incluye los asturianos que murieron en otras zonas), de los cuales algo más de la mitad cayeron en los distintos combates librados en el Principado. Más de un millar de civiles murieron víctimas sobre todo de bombardeos y balas perdidas, mientras que la represión republicana se cobró la vida de más de 1.900 personas, por los ya citados 6.700 muertos por el franquismo.
El grupo de trabajo universitario ha detectado más de un centenar de enterramientos de estas víctimas, la mayoría en distintos cementerios de la región, aunque en el caso de los represaliados sin juicio se reparten en numerosas fosas (no necesariamente comunes, porque en algunas se enterraba a una sola persona) diseminadas por caminos y montes de la región. En el caso de los caídos en combate, de unos 6.500 no consta el lugar donde están enterrados.
La Asociación Memoria Histórica Asturiana, que ha colaborado en el estudio de la Universidad, matiza que hay muchos datos que aún se desconocen y cree que «extrapolando las cifras, los represaliados pueden alcanzar entre 11.000 y 16.000». Así lo afirma Víctor Luis Álvarez, que lamenta que «es muy difícil saber el número exacto, porque algunos no constan en el registro, o había familias que declaraban que eran muertos en batalla, para poder cobrar pensiones».
Sobre la iniciativa de Garzón, Álvarez dice que «no creo que llegue muy lejos, pero tiene una cosa positiva, que es que pone en evidencia la trampa que fue la Ley de Memoria Histórica. Garzón no la está usando porque no sirve para esto». La asociación que preside aboga más por «la internacionalización, con la aplicación de las leyes de Nuremberg, que implicaría invalidar la Ley de Amnistía de 1977».
«Complejo de Jesucristo»
Muy distinta es la opinión del filósofo y profesor emérito de la Universidad de Oviedo, Gustavo Bueno, quien tildó de «sucia» e inoportuna» la decisión del juez Garzón. El profesor señaló que el magistrado tiene un «complejo de Jesucristo para juzgar a los vivos y a los muertos».
Bueno, en declaraciones a Europa Press, señaló que el objetivo del magistrado y del Gobierno es la «vergonzosa» intención de «querer identificar al PP con el franquismo». «Para Garzón y para el Gobierno lo principal es mantener viva la Ley de la memoria Histórica», apuntó.
