Carlos Dívar saluda al presidente del Principado y al ministro de Justicia. Detrás de él, Lorenzo del Río. / J. PAÑEDA
Apenas hubo tiempo a más que al saludo protocolario y acogedor de la alcaldesa de Gijón. Consumidos esos primeros minutos de bienvenida, el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, anfitrión como organizador en Gijón de su XXIII Asamblea nacional, dirigió toda la artillería judicial condensada en los últimos meses de conflicto contra su invitado de honor.
El ministro de Justicia escuchó y encajó, como buen fajador, la batería de críticas que Lorenzo del Río destinó no sólo al funcionamiento de la Justicia, sino a la injerencia de la política en su desarrollo y en la reciente designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. En realidad, el portavoz de la segunda asociación judicial de España, compuesta por 564 miembros, no dijo nada que no se hubiera puesto de manifiesto ya en los debates públicos de los últimos meses, pero el marco elegido, en presencia de todos los estamentos que tienen algo que decir en la Justicia, confirió a sus palabras un eco minuciosamente dirigido.
Aseguró Lorenzo del Río que «el modelo de gobierno de los jueces está en crisis», afirmación fundamentada en «el tiempo y la forma en que se ha producido la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que evidencia la quiebra del modelo constitucional y muestra la interferencia del poder político en el poder judicial». Ello le llevó a mostrar las «serias dudas» que el sistema de elección de los vocales genera acerca de su «adecuación constitucional».
También alertó sobre la «insatisfactoria situación de la Justicia», que conduce a que «uno de cada cuatro jueces trabaje profundamente desencantado. Hay un sentir unánime de cambio, junto a una frustración personal, económica y funcional». Y en una clara declamación ante el ministro, el portavoz de una buena parte de la judicatura aseguró que «los partidos políticos no han arrimado el hombro para un funcionamiento eficaz e independiente», dicho lo cual aludió al 'caso Mariluz', en el que destacó «la presión e injerencia política sobre el resultado del expediente disciplinario, enturbiando la correcta separación de los poderes del Estado».
Impertérrito Bermejo
Y tras pedir que «se reconozca que no todos los males son imputables a los jueces», alentó «un pacto de Estado» porque, dijo, «el consenso es imprescindible». Pero antes había expuesto el conflicto en toda su crudeza: «Es un tema especialmente delicado, sobre el que quizá no hemos reparado lo suficiente: es un poder del Estado enfrentado a otro. Y eso no debe pasar nunca, porque si se derrumba la Justicia, se derrumba la democracia».
Todo eso y mucho más, adornado por una salva rotunda y extensa de aplausos, lo escuchó Mariano Bermejo sin un gesto y ni siquiera alzar la voz. Y cuando tomó la palabra rechazó un diagnóstico de «caos y de colapso», si bien no eludió la autocrítica a la hora de analizar la carencia de medios y la informatización deficiente del sistema. Tampoco le dolieron prendas en afirmar que «tenemos un modelo de gobierno de los jueces que no nos satisface. Creo que requiere una reflexión colectiva, pero ahora es momento de apoyar a quienes encarnan ese modelo».
El consejo debe gobernar
Posteriormente aseguró que «el Consejo es el órgano de gobierno de los jueces y debe de gobernar para preservar su independencia, que consiste, nada más y nada menos, en que cada juez, a la hora de dictar sentencia, sea libre. Y eso no debiera confundirse con otro tipo de actitudes. Nosotros estamos bien atentos a las reflexiones de los jueces, pero no quiere decir que al final digamos amén. Escucharemos, pero también esperamos ser escuchados. No creo que sea mucho pedir. De un diálogo, que no debe ser de sordos, ha de salir el impulso para construir juntos. Pero seguir los criterios de un colectivo exclusivamente no sería hacer política, sería otra cosa».
Y el único momento en que se permitió confesar ante los jueces que «las cosas no acaecieron como uno hubiera querido», y se preguntó «por qué el Gobierno tiene que aguantar las consecuencias de todo, debe de ser una servidumbre», el colectivo generó un creciente murmullo que llegó a tapar su voz.
