Pancarta colgada en el puente del Piles por los trabajadores de la Cámara. / P. CITOULA
La dirección de la Cámara de Comercio de Gijón comunicó ayer a 40 trabajadores la apertura de un expediente sancionador «por infracciones graves derivadas del abandono del puesto de trabajo». Los hechos denunciables se produjeron los días 11 y 17 de diciembre con sendas manifestaciones secundadas por los empleados ante la sede cameral para expresar su rechazo a la actual situación laboral por «incumplimientos del convenio, retención indebida de haberes, despidos de fijos discontinuos y acoso laboral, entre otras cuestiones».
La sanción conlleva la suspensión de empleo y sueldo durante un mes para la mayoría (los que asistieron a las dos convocatorias). Para otros, el castigo durará quince días. Los expedientados son la mitad de los trabajadores de la Cámara de Comercio de Gijón, que desempeñan labores en las oficinas y en los talleres de la empresa. Las sanciones se ejecutarán de forma secuencial.
La dirección de la entidad emitió ayer un comunicado en el que asegura que «entiende y defiende el derecho de los trabajadores a la reivindicación laboral y a manifestarse, si bien siempre dentro de los cauces que establece la ley y no al margen de la misma».
La comunicación de los castigos fue recibida en el comité de empresa como «otra muestra más del continuo acoso a los trabajadores» que venimos sufriendo desde hace muchos meses, afirmó el presidente del comité, Miguel García Barro.
«Insostenible»
El representante de los empleados instó a las administraciones, «o a quien corresponda», a que «intervengan y paren esta situación que cada vez es más insostenible y va a derivar en un desastre».
Los trabajadores han tomado medidas legales por los despidos y los expedientes. «Vamos a defendernos en lo que podamos porque lo único que queremos es que se respeten nuestros derechos; no somos terroristas como se nos ha acusado y tampoco vándalos. Sólo queremos sentarnos y hablar», dijo García Barro. El comité de empresa desconvocó una huelga prevista durante la celebración de la pasada edición de Mercaplana con la que pretendía hacer presión para cobrar las horas extraordinarias correspondientes a 2008 y 2007, lo que supondría un desembolso de 200.000 euros para la Cámara de Comercio.
La situación entre la dirección y los empleados de la entidad cameral parece tirar cada vez más en sentidos contrarios. Mientras los trabajadores anuncian que agotarán «los cauces legales para que se cumplan los derechos», la empresa hace un llamamiento para que se garantice «el respeto y la responsabilidad».
