Politica
Fernando González, en una de las sesiones del juicio. / E. C.
El juicio al independentista asturiano Fernando González, acusado de cometer un atentado contra la sede del PSOE de Piloña el 13 de setiembre de 2005, quedó ayer visto para sentencia. El fiscal pide ocho años de cárcel para el acusado, ya que considera acreditada la intencionalidad de colocar ante la sede socialista el artefacto y sus motivaciones políticas, patentes, en su opinión, en los documentos manuscritos que portaba. La vista oral dirimió sólo las responsabilidades que pudiera tener en este caso, pero no analizó la presunta vinculación de González con otra veintena de ataques contra sedes políticas y sociales, cometidos en la primera mitad de esta década.
Y eso ha generado malestar entre las fuerzas policiales asturianas que han investigado estos actos delictivos. Según ha podido saber este periódico, dicho malestar se debe a que la Policía considera haber aportado suficientes indicios que relacionan el atentado juzgado ayer, en su última sesión, y la mayor parte de los demás, y que, por ello, cuando menos se debería haber abierto un proceso contra Fernando González para determinar si es o no el autor de esos ataques. La Fiscalía, sin embargo, sólo consideró que existían pruebas para acusarlo del de Infiesto, en el que fue detenido con el artefacto explosivo ya encendido.
El material intervenido a González en el momento de su detención permitió a la Policía determinar el 'modus operandi' del atentado por el que ha sido juzgado. Según consta en el acta de la comparecencia policial, en la que se le presentó en Comisaría como detenido, portaba una garrafa de plástico transparente de cinco litros llena de un líquido que resultaría ser gasolina; dos botes de aerosol -uno de insecticida y otro para recargar mecheros-, a los que se había borrado su código de barras, y dos petardos, todo ello unido por una cinta de plástico transparente.
Además, se le incautaron un trozo de mecha de yesca, un encendedor de gas, un gancho metálico, un par de guantes de látex que llevaba puestos y tres folios, escritos mediante una plantilla de formas caligráficas predefinidas, con un texto en asturiano en el que se acusaba al PSOE y al delegado del Gobierno en Asturias, Antonio Trevín, de «defender a los fascistas y reprimir a los trabajadores de Asturias». «Lo de Cangues vais pagalo», decía, en clara alusión a la disolución, por parte de la Guardia Civil, de una manifestación de radicales de extrema izquierda contra un acto del partido Democracia Nacional en Cangas de Onís.
La Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía encargada de investigar estos hechos, y que se ocupaba, desde meses antes de la detención, del seguimiento de González, del que sospechaba su relación con los atentados, realizó un informe con la conexión entre el ataque de Infiesto y otros 22 cometidos desde abril de 2001, 17 de los cuales achacaba al independentista asturiano. Así, el uso de una plantilla para redactar el texto reivindicativo se repite en otros siete atentados, además del que motivó la detención, todos ellos a partir de 2004. Hasta entonces se usaban octavillas, con impresión de ordenador, circunstancia repetida en otras nueve ocasiones.
Los petardos como método para provocar la explosión se emplearon en 13 ataques; en ocho se utilizaron aerosoles y en otros cinco, bombonas de camping-gas. En los casos en que no estalló el explosivo o se hallaron restos suficientes de estos envases, se había borrado el código de barras en siete atentados, incluido el último de Infiesto. La garrafa de cinco litros de gasolina se empleó en nueve ocasiones, mientras que el uso de ganchos como el incautado a González se dio también en otros tres ataques.
La investigación consideró especialmente relevante la proximidad del independentista asturiano al entorno radical vasco cercano a ETA, lo que motivó, de hecho, que se estableciese un seguimiento que acabaría concluyendo con la detención.
Entre los efectos intervenidos en el domicilio de González después de su detención se encuentran «un manual en el que se explica la confección de artefactos explosivos», junto a «un cuadro con el anagrama de ETA», «una postal de varias presas de los GRAPO», «un papel manuscrito con nombres de miembros de ETA», «cartas de presos de ETA», «un pañuelo azul de homenaje a Olaya Castresana» -activista etarra fallecida-, «un mechero con el anagrama de ETA» y «dos insignias, una de ETA y otra del IRA».
Rechazo del tribunal
El último día de la vista oral estuvo marcado por la negativa del tribunal a aceptar que el procesado se expresase en asturiano, dentro del turno de la última palabra. La juez Angela Murillo justificó su decisión por no ser el asturiano «una lengua cooficial» y alegó que ella, nacida en Extremadura, «también podría hacerlo en castúo», pero entonces tampoco se la «entendería». La defensa solicitó que la pena que se imponga finalmente a su patrocinado no sea por un «delito intentado de estragos de carácter terrorista», como solicitó la Fiscalía, en la sesión del jueves, sino por «una falta de daños en grado de tentativa».
