14.03.09 -
«La Consejería de Educación y Ciencia ha hecho alarde de una improvisación, arbitrariedad y descoordinación inaceptables, causando indignación y alarma entre el profesorado y generando en los centros un clima de desasosiego que dificulta la realización de las tareas que la sociedad nos ha encomendado». Es uno de los párrafos del duro comunicado emitido ayer por el presidente de los directores de los institutos asturianos, Francisco Alonso, respaldado por 54 firmas de otros tantos responsables de centros educativos, una nota en la que cargan contra «los disparates de Educación».
En su misiva, los directores manifiestan su descontento con «el cúmulo de despropósitos» que, en su opinión, suponen las actividades programadas por el Principado «a estas alturas de curso, en un momento de fin de trimestre», cuando los directores deben «concentrarse en la evaluación de los aprendizajes, coordinar la actuación de los tutores, realizar las sesiones de evaluación y notificar los resultados a las familias».
En este preciso momento, denuncian, la consejería liderada por José Luis Iglesias Riopedre ha puesto en marcha una evaluación diagnóstica que «desorganiza los centros y aumenta el trabajo de los equipos directivos y del profesorado sin ninguna compensación, y un cursillo obligatorio para la formación de los docentes que van a participar en esa evaluación, «organizado en una plataforma electrónica que no funciona y donde el profesorado pierde el tiempo, fuera de horario de trabajo, para comprobar que lo realizado no se graba y debe repetirlo». Y a todo eso se suma el examen PISA, la regulación del nuevo Bachillerato y la puesta en marcha de la evaluación de los docentes.
Esa ha sido la gota que ha colmado el vaso del malestar de los directores: el examen del profesorado, que debe hacerse, explican, «mediante un cuestionario realizado por la inspección, sin información previa ni consulta alguna». En la evaluación propuesta, precisan además, «la impartición de clases, tarea central en la profesión docente, no es objeto de observación y análisis».
No se oponen a ser evaluados, dicen, pero «ni se ha definido un modelo adecuado ni se han acordado los procesos». Al contrario, se han hecho «las cosas a la trágala», lo que es «garantía de su ineficacia». «Y, para hacer cosas ineficaces, mejor no gastar el dinero público ni el tiempo y la ilusión de los profesionales», aconsejan.
«¿A quién se le ha ocurrido este cúmulo de disparates? ¿Qué equipo directivo puede acometer con éxito todas estas tareas y, a la vez, dirigir el día a día de un centro?», se preguntan. Y concluyen exigiendo a Riopedre un proceso de negociación con directores y sindicatos y «un replanteamiento general que ponga fin a la arbitrariedad e improvisación actual».
