La parcela forma parte de esta finca. / CITOULA
La Fiscalía investigará los hechos relacionados con la parcela de Cabueñes que Ovidio Blanco compró y vendió en varias ocasiones. Lo hará porque así lo solicitó ayer el propio equipo de gobierno. Pero, aunque no lo hubiera hecho, actuaría de oficio. Así lo confirmó a EL COMERCIO el fiscal jefe de Asturias, Gerardo Herrero, quien aseguró que a última hora de la mañana de ayer no había recibido notificación alguna de las diligencias abiertas pero que, aun en caso de no recibirlas, la Fiscalía actuaría de oficio. En la misma línea se expresó el fiscal especial de Urbanismo del Principado, Joaquín de la Riva, con quien Herrero sí mantuvo conversaciones.
Y es que la junta de gobierno había decidido, a última hora de la tarde del lunes y tras una jornada de constantes reuniones y llamadas telefónicas, dar ese paso. La junta aprobó ayer un comunicado, en el que defendía la «transparencia con la que se ha gestionado y gestiona el urbanismo gijonés, así como el escrupuloso respeto a la legalidad». La junta arrancó a las diez de la mañana y durante dos horas debatió sobre el asunto de Ovidio Blanco. La cuestión no estaba en el orden del día, pero evidentemente era prioritaria.
Y por eso también se remitió a la fiscal jefe del área de Gijón, Rosa María Álvarez García (a quien la alcaldesa telefoneó personalmente) un escrito. En el mismo, el Ayuntamiento se refiere a las informaciones publicadas el lunes en el diario El Mundo y al resto de noticias surgidas sobre este asunto, y remiten a la Fiscalía un dossier con todas las informaciones publicadas, la grabación de las declaraciones del concejal de Urbanismo ofrecidas en rueda de prensa el lunes, la hoja de servicios de Ovidio Blanco y las certificaciones de las fechas de aprobación de cada trámite de la revisión del PGOU.
Sin indicios de delito
El portavoz de la junta de gobierno, José María Pérez, fue el encargado de transmitir esta decisión. Eso, y algunas ideas básicas que la junta defiende. En primer lugar, distanciarse de la actuación de Ovidio Blanco. «No nos gusta que una persona que trabajó en esta casa haya hecho una operación de este estilo». E insistió: «No podemos compartir que un funcionario haya realizado determinadas actividades mercantiles, aunque las haya hecho fuera del espacio municipal». Eso sí, indicando que el Ayuntamiento no ve indicios de delito, ya que la última compra y venta de la parcela tuvo lugar después de que se hubiera aprobado de forma inicial el PGOU y, por lo tanto, cuando ya eran públicos los planes para Cabueñes. Y, por otra parte, el equipo de gobierno defendió una y otra vez la «legalidad de todos los pasos que se han dado» en este sentido.
El gobierno local conocía las operaciones de Blanco desde el pasado viernes, cuando miembros de la Plataforma contra el Muro de Cabueñes entregaron al portavoz de IU, Jesús Montes Estrada, un escrito que así lo indicaba. Estrada se lo entregó, a su vez, a la alcaldesa. Ambos grupos quedaron en analizar la cuestión durante el fin de semana, pero todo estalló el lunes. PSOE e IU pretenden una última cosa con la intervención de la Fiscalía: «Que quienes venían denunciando cosas sin aportar nada, que las aporten ahora».
