La alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, ha subrayado hoy que la actuación del ex jefe de arquitectos municipal, Ovidio Blanco, no afecta a la legalidad del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ni al desarrollo en el área de Cabueñes.
El funcionario, en excedencia desde diciembre de 2003, compró una parcela afectada 20.434 euros y la vendió posteriormente por 600.000 euros.
Felgueroso, que ha atendido a los medios de comunicación tras recibir a la ministra marroquí de Desarrollo Social, Familia y Solidaridad, Nouzha Skalli, ha reivindicado la legalidad del PGOU, en cuya redacción participó Blanco, y ha asegurado que continuarán los trámites del plan parcial de Cabueñes, que prevé la construcción de 600 viviendas.
Ha afirmado, no obstante, que las gestiones se están realizando con "lentitud" debido al alto número de alegaciones presentadas.
La regidora ha valorado la "rapidez" con la que el Ayuntamiento ha remitido los datos a la Fiscalía y ha mostrado la disponibilidad para aportar todos los datos que se requieran y comparecer ante quien sea necesario.
"Sin duda, es una noticia que nos sorprende y nos desagrado", ha reconocido para referirse la buen "crédito" que tenía hasta ahora el arquitecto municipal.
Así, ha insistido en que el Ayuntamiento es el primer interesado en que se resuelva todo lo ocurrido y ha invitado a los vecinos y la oposición a presentar toda la documentación ante la Fiscalía.
Además, ha señalado que espera que Blanco explique todo lo ocurrido para mantener el "honor de su nombre", aunque ha adelantado que no le gusta la acción del arquitecto y no es "justo" que por su culpa se ponga en tela de juicio la transparencia y el buen hacer del resto de funcionarios y miembros del equipo de gobierno.
En este sentido, ha acusado a la oposición de poner el "ventilador" para salpicar a los representantes políticos y ha preguntado a la presidenta del PP de Gijón, Pilar Fernández Pardo, si los responsables políticos deben "desconfiar de todos los técnicos del Ayuntamiento".
Preguntada sobre las acusaciones de los vecinos, que afirman que el Ayuntamiento compró también terrenos en el entorno, ha aclarado que eso ocurrió en 1992 y se trató de una transacción con la Seguridad Social para la edificación del Parque Científico y Tecnológico.
Así, ha mantenido que tras la aprobación del nuevo PGOU muchos terrenos cambiaron de calificación, situación que afectó a muchas parcelas, y ha tachado las acusaciones de "absurdas".
"Se puede defender los intereses de cada uno sin mezclar otras cosas", ha protestado la primer edil. Felgueroso ha explicado, sobre la petición del PP de crear una comisión de investigación, que el reglamento del Ayuntamiento imposibilita crear este tipo de órganos, ya que no permite citar a personas ajenas a la corporación o que no ocupen un cargo directivo
Por último, ha señalado que sólo los políticos tienen la obligación de presentar su patrimonio y sus adquisiciones, requisito del que están exentos los funcionarios, por lo que el Consistorio desconocía la operación de Blanco hasta el viernes, fecha en que los vecinos presentaron la documentación, la cual motivó una reunión del equipo de gobierno.