19.03.09 -
Terrenos ahora propiedad de Reyal Urbis en los que se encuentra la finca que vendió Ovidio Blanco. / P. CITOULA
El Partido Popular subió ayer el tono de sus declaraciones sobre los movimientos mercantiles de Ovidio Blanco con una finca incluida en el plan parcial de Cabueñes. La concejala Dorinda García habló ayer de un «supuesto caso de corrupción urbanística» y aseguró que queda «poco margen para la duda de que Ovidio Blanco utilizó información privilegiada para su lucro personal». Los populares basan sus acusaciones, entre otras cuestiones, en el documento del Registro de la Propiedad que recoge la opción de compra firmada entre la empresa Reyal Urbis y el ex arquitecto jefe del Ayuntamiento de Gijón, en julio de 2005. «Blanco conocía perfectamente lo que estaba vendiendo y lo que estaba escriturando».
Con esos datos sobre la mesa, el grupo municipal del PP lanzó ayer al aire una serie de preguntas que, a su juicio, deberían ser contestadas en la comisión de investigación que han solicitado y que no se va a crear. Esas cuestiones, explicó Pablo Fernández, comienzan con el por qué de que Hoyant compre en 1992 la parcela de 25.000 metros cuadrados. Continúan con la explicación de la segregación y venta de 2.500 metros cuadrados a Ovidio Blanco, por un precio inferior al que Hoyant había pagado. Siguen las dudas con la relación que pudiera existir entre Blanco y la empresa inmobiliaria, «que se crea sólo para esta operación claramente especulativa, que generó unas plusvalías a Hoyant de 5,5 millones de euros». Y, por último, el PP se pregunta si Blanco «participó en la compra de algún terreno más en el concejo donde se hayan generado plusvalías».
Una llamada «inaceptable»
A partir de ahí, el PP volvió ayer a las críticas directas contra el equipo de gobierno y contra otros responsables políticos, como Vicente Álvarez Areces, Jesús Morales y Francisco González Buendía. Incluso, censuró la llamada que realizó en la mañana del martes la alcaldesa a la fiscal jefe de Gijón, Rosa María Álvarez, para avisarla de que le remitirían un escrito con todos los datos disponibles de este asunto. «No queremos pensar que la alcaldesa quiera interferir en la actuación del ministerio fiscal», aseguró Dorinda García. «Es absolutamente inaceptable que Felgueroso haya actuado de esta manera».
Por su parte, Fernández hizo hincapié en el hecho de que no vaya a crearse una comisión de investigación. «Si esto no es para crearla, no sabemos qué tiene que pasar en este Ayuntamiento para que se cree». Porque, insiste el PP, «esta transacción se llevó a cabo partiendo de información privilegiada» y, además, consideran «dudable» que el equipo de gobierno no conociera los movimientos de Blanco. Según ellos, el Consistorio recibe los datos de todas las transacciones a efectos de impuestos. «Y Blanco es una persona conocida en el Ayuntamiento. Suponemos que no pasaría desapercibido».
