Cinturón Verde vendió tan sólo 55 plazas de aparcamiento en 2008, la mitad de las que colocó en el mercado en 2007. Si el ejercicio anterior, la sociedad necesitaba algo más de tres días para escriturar una de sus cocheras, el año pasado apenas lo hizo al ritmo de una a la semana.
Iván de Santiago, presidente de la sociedad -de la que el Ayuntamiento posee el 92% del capital y el Principado, el 8%-, justificó el descenso por «la actual situación económica, que no anima precisamente las ventas», pero también por la quiebra de Urazca.
La constructora vasca es mucho más conocida por su ruinoso negocio en La Manjoya, donde adquirió suelo para 1.700 viviendas entre pisos y unifamiliares, que han acabado en manos de Caixa Galicia y con la empresa en suspensión de pagos. Pero también era, a través de su división de aparcamientos, la encargada de promover la comercialización de las plazas de Cinturón Verde. «No nos cogían ni el teléfono desde bastante antes de declarar el concurso de acreedores», explicó gráficamente De Santiago.
Cuando la empresa solicitó la suspensión de pagos, Cinturón Verde tuvo que «improvisar» y contratar a una asesoría, en pleno verano, para que pudiera retomar el trabajo, comenzando por escriturar las plazas casi vendidas que Urazca dejó pendientes de registrar. «Los meses con menos ventas son los de la quiebra de la empresa», defendió De Santiago.
39 millones
Con excusas o sin ellas para el bajo nivel de ventas, la situación de la sociedad es preocupante. En cinco años vencerá el crédito sindicado de 50 millones de euros con el que se financió la construcción de la red de aparcamientos. A 31 de diciembre de 2008, Cinturón Verde debía aún 39 millones. Según el convenio firmado con el Ayuntamiento en 2005, la deuda es exigible al Consistorio que, además, sufraga los intereses del préstamo y otros gastos de la empresa. En 2008, la subvención municipal pasó de los 2,6 millones de euros.
Las cuentas, con un beneficio de apenas 20.000 euros, fueron aprobadas por el consejo de administración con el voto en contra de Paloma Sainz (PSOE) y Roberto Sánchez Ramos (ASCIZ). «Al final pagará el Ayuntamiento. Todos los ovetenses tendrán que poner 42 millones y quedarse con 3.560 cocheras», señaló Sánchez Ramos. «Eso sí, las dos empresas que los construyeron cobraron y se quedaron los beneficios».