17.06.09 -
Tras el fallo judicial, las reacciones sindicales se sucedieron de inmediato. Comisiones Obreras (CC OO), a través de la Federación de Enseñanza, pidió «el cese o la dimisión» de la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, mientras que Suatea -una de las centrales que presentaron recurso contra la resolución que autorizaba la implantación de la carrera profesional en la Administración autonómica- reprochó al Principado y al sindicato Fete-UGT que llegase a un acuerdo que «resultó nefasto» para el profesorado.
Para CC OO, la resolución judicial del TSJA pone en entredicho la actuación de la Consejería de Administraciones Públicas con sus trabajadores y ve «imprescindible» la dimisión o el cese «inmediato» de sus responsables más directos «comenzando por la consejera Migoya».
Por su parte, Suatea, recordó que en el origen de esta situación estaban las exigencias de los sindicatos docentes sobre la homologación retributiva con el profesorado del resto de comunidades que cifraba, en el año 2006, en 300 euros lineales al mes.
Dicho sindicato lamentó que haya sido «la actuación unilateral de la Administración y Fete-UGT la que intentó «desactivar aquellas exigencias mediante la implantación de la carrera profesional que se sabía que iba a ser nefasta para el profesorado» y puso como ejemplo lo ocurrido este curso con el plan de evaluación docente «que llevó a miles de profesores a la huelga».
Reconocer los errores
CSIF, que también llevó a los tribunales el modelo de carrera profesional, fue otro de los sindicatos que ayer se pronunció sobre el fallo judicial del TSJA y lo hizo para indicar que el Principado se limitó a «cambiar el espíritu y la letra» de los acuerdos suscritos con los sindicatos en diciembre de 2006 «dando un dinero a los empleados públicos a cambio de algo desconocido».
En un comunicado, CSIF emplazó a la consejera de Administraciones Públicas a reconocer «sus errores» y a no buscar el argumento fácil de «asustar a indisponer a los empleados públicos con el mensaje de que las cantidades percibidas deben ser devueltas, pues de ella y solamente de ella depende la solución».
Anpe, por su parte, lamentó la sentencia. Cree que la anulación de la carrera profesional «es una muesca más que añadir a la errática política de personal de la Consejería de Administraciones Públicas, que se limita a culpar a los sindicatos por haber presentado un recurso».
