
Militares hondureños custodian uno de los puntos estratégicos de Tegucigalpa (Honduras). / Efe
La OEA analizará la situación
La OEA ha acordado el envío a Honduras de una comisión especial que analice la situación y contribuya al diálogo, tras aprobar una resolución en la que apoya al país para preservar y fortalecer las instituciones democráticas hondureñas.
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha ratificado por aclamación la resolución, en la que expresa su "preocupación por que los recientes acontecimientos en Honduras puedan poner en riesgo su proceso político institucional democrático y el ejercicio legítimo del poder". En concreto, los 34 países miembros han acordado "acoger el pedido del Gobierno constitucional y democrático de Honduras de que preste su apoyo para preservar y fortalecer la institucionalidad democrática del país, dentro del marco del estado de derecho".
El organismo también hace un llamamiento a "todos los actores políticos y sociales para que sus acciones se enmarquen en el respeto al estado de derecho, con el fin de evitar la ruptura del orden constitucional y de la paz social". Por último, insta al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que constituya, con carácter urgente una comisión especial que visite Honduras para "hacer un análisis de los hechos".
La presencia militar ha disminuido y la tensión se ha disipado en las calles de Tegucigalpa a poco más de 24 horas para que el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, lleve adelante una consulta popular que se convirtió en el detonante de la crisis política que ha vivido el país esta semana.
La sede del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas mostraba hoy la estampa de un día normal, con la guardia habitual y sin ningún indicio que permitiera adivinar que la decisión de Zelaya de destituir, el pasado miércoles, al jefe de ese organismo, el general Romeo Vásquez, había llevado a Honduras a un punto crítico. El cese, invalidado al día siguiente por la Corte Suprema, se produjo después de que Vásquez se negara a colaborar con el presidente en la consulta para preguntar a la población si en los comicios de noviembre se debe votar también la convocatoria a una Asamblea Constituyente que reforme la Constitución.
La oposición acusa a Zelaya de querer hacer una reforma constitucional que le abra las puertas a una reelección en el futuro, posibilidad que el presidente ha negado reiteradamente aunque ha dejado entrever que se lo replantearía si la "voluntad popular" le pidiera volver al poder.
No muy lejos de allí, dos líneas de policías antidisturbios y de militares resguardaban el acceso al Congreso Nacional, el órgano unicameral que permaneció hoy cerrado después de que en la víspera viviera una larga sesión que comenzó con la petición de investigar "las acciones" del gobernante y acabó sin ningún acuerdo. El mandatario tampoco se dirigió hoy a la nación, después de dar por superada la tensión el jueves.
Situación "difícil pero superable"
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas ha dicho hoy que la situación política del país "sigue siendo difícil, pero es superable mediante el diálogo". "Se mantiene la presencia militar de ayer, pero puede disminuir en la medida en que, mediante el diálogo, se encuentre una solución", agregó Vásquez.
Porfirio Lobo, candidato a la Presidencia en las elecciones de noviembre por el Partido Nacional -el principal de la oposición-, indicó a Efe que "ya hoy aparentemente hay mucha más tranquilidad" en el país. A juicio de Lobo, la tensión llegó a su punto máximo el jueves, después de que el miércoles en la noche "el presidente destituyó, violentando lo que es la legislación, al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas", después de que éste alegara que la Justicia del país había declarado la consulta ilegal.
El líder opositor señaló que el presidente "aparentemente" va a hacer" la consulta el domingo y que el resultado será de 90 a 10 a favor de la postura del Gobierno, que manejará directamente la logística. No obstante, llamó a encontrar una "solución política a un problema político", y a que la comunidad internacional, la Iglesia o las instituciones académicas del país sirvan de intermediarios.