En compás de espera. Después de que el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Oviedo comunicara ayer el nombramiento del abogado Fernando Arancón como administrador concursal único de Supermercados Oblanca, la situación de la cadena se sitúa en un punto muerto. No será hasta que se realice un análisis detallado de su situación real por parte de los nuevos supervisores cuando empiecen a adoptarse las decisiones que marcarán el futuro próximo de la empresa -su continuidad o su liquidación definitiva- y de sus trabajadores. No obstante, existe la posibilidad de que la tramitación de un posible Expediente de Regulación de Empleo (ERE) pudiera agilizarse e iniciarse antes incluso de conocer las conclusiones del informe. De hecho, según pudo saber EL COMERCIO, a principios de la próxima semana comenzarán ya los contactos entre la administración concursal y los representantes de los trabajadores para estudiar este asunto. El juez no ha recibido aún la aceptación del cargo por parte del administrador único, trámite que podría quedar cerrado hoy mismo.

El siguiente paso será dar comienzo a una fase de análisis y estudio sobre el estado general de la empresa, acreedores, deudores, etcétera, que derivará en un informe a partir del cuál se decidirá si existen posibilidades de continuidad o si Oblanca está abocada al cierre definitivo.

En el primer supuesto, deberá alcanzarse con los acreedores un convenio de quita y espera para permitir la supervivencia de la empresa. En el segundo caso se procederá directamente a la liquidación. Si bien el auto del juez facilita la aplicación de un procedimiento «especialmente simplificado», la redacción de este informe se alargará al menos un mes.

ERE

La decisión sobre la continuidad o el cierre influirá además a la hora de aplicar un ERE, si bien los administradores suelen agilizar esta fase cuando es fácil aventurar el futuro de la empresa. Si se entiende que puede seguir funcionando, sólo se suprimirán los puestos necesarios para permitir su supervivencia.

En caso de liquidación, habrá una extinción colectiva de todos los contratos.