En la carretera de Yarkand a Hotan, mítica parada de la ruta de la seda en la región china de Xinjiang, miles de hombres con el gorro blanco musulmán arrancan árboles y desbrozan el terreno. Bajo un intenso sol y en medio de una nube de polvo, cortan los troncos con sus hachas, cavan zanjas y retiran los matorrales en carros tirados por burros. Parecen kilómetros y kilómetros de obras públicas, pero la realidad es bien distinta porque no hay capataces, ni ingenieros, ni máquinas apisonadoras, ni camiones rociando alquitrán. En realidad, se trata de los trabajos forzados que el régimen chino obliga a realizar a los campesinos. «No cobramos nada pero, si nos negamos, el Gobierno nos quitará nuestras tierras», se queja Abdurramej, que tuvo que dejar sus cultivos durante un mes.
Así viven los uigures en Xinjiang, la región enclavada a 4.000 kilómetros de Pekín y que, junto a Tíbet, es una de las zonas más conflictivas de China. Buena prueba de ello son los graves disturbios interétnicos que han sumido esta semana en el caos a su capital, Urumqi. Fronteriza con Mongolia, Rusia, Afganistán, Pakistán, India y varias repúblicas ex soviéticas de Asia Central, la población autóctona de Xinjiang son los uigures, etnia que profesa el islam, habla una lengua emparentada con el turco y aspira a la independencia para formar el Turkestán Oriental.
Esta vasta región ha permanecido bajo el control de los distintos imperios chinos cuando sus dinastías eran lo suficientemente poderosas para imponer su autoridad. Tras dos intentos fallidos de independencia en los años 30 y 40, las tropas comunistas de Mao Zedong tomaron Xinjiang en 1949. Desde la constitución de la región autónoma Uigur en 1955 y la construcción del ferrocarril, los chinos de la etnia han colonizado Xinjiang para explotar sus yacimientos de petróleo y minerales. De sus veinte millones de habitantes, ocho son uigures, entre siete y ocho millones pertenecen a la etnia han, la mayoritaria en China, y el resto se lo reparten kazajos, hui musulmanes, kirguises, mongoles y otras minorías.
Mientras ocupan los mejores trabajos y ostentan el poder político y económico, los han residen separados de las otras comunidades. Frente al carácter emprendedor y moderno de los han, la mayoría de los uigures son parados que viven hacinados en lo que queda de los cascos históricos o paupérrimos campesinos que habitan en cabañas.
Como ocurre en Basux, una aldea a orillas del lago Karakul habitada por kazajos, la Policía comprueba el censo cada poco para asegurarse de que nadie se ha marchado. «Los uigures no son iguales que los han porque hay muchas diferencias económicas y sociales», se queja Abdul, un conductor que antes llevaba camiones a Pakistán, pero luego se quedó sin pasaporte cuando perdió su trabajo.
Para frenar su separatismo, el Gobierno chino intenta impedir que los uigures salgan al extranjero, por lo que deben pagar entre 10.000 y 20.000 yuanes (entre 1.056 y 2.112 euros), esperar un año y tener buenos contactos para conseguir pasaporte. El año pasado, coincidiendo con los Juegos Olímpicos, una cadena de atentados causó en Xinjiang una treintena de muertos, de ellos dieciséis policías en Kashgar. Independentismo, religión, represión, desigualdades sociales y colonización se mezclan en el cóctel molotov de odio interétnico que, como ha ocurrido esta semana en Urumqi, estalla cada cierto tiempo en el polvorín de Xinjiang.