asturias
Dos menores, en una casa de acogida gijonesa. / JOAQUÍN BILBAO
Expertos en Infancia aplauden el plan del Ejecutivo autonómico de pagar un salario a aquellas familias que acojan temporalmente a un menor en situación de desamparo con necesidades especiales cuando no pueda regresar con su familia biológica. Coinciden además en que hacerse cargo de estos niños y adolescentes es un trabajo muy exigente y a tiempo completo que implica que el acogedor tenga una formación específica para hacerse cargo de estos menores con problemas y con serias dificultades para ser adoptados .
Uno de los máximos especialistas en la materia en el Principado, como avalan sus numerosas publicaciones, es el profesor de psicología social de la Universidad de Oviedo Jorge Fernández del Valle.
Una de sus investigaciones sobre los resultados del acogimiento familiar en España concluye que, en el 50% de los casos, el menor acogido mejoró en el contexto escolar, que en el 48% la evolución de su conducta fue positiva o que en el 70% se produjo un progreso notable de su estado de salud. El trabajo recoge asimismo que, en otro 56% de los casos, la valoración global del acogimiento fue «exitosa» y que sólo en un 9% hubo problemas.
Fernández del Valle defiende la medida, que ya se ha puesto en marcha en Andalucía y País Vasco, y recuerda que «cada vez hay más menores institucionalizados», un incremento que «en los últimos años se debe a la llegada de niños y adolescentes inmigrantes no acompañados a la región».
Ellos cada vez son más, pero las familias de acogida no aumentan «porque el modelo familiar en España no es propicio para tener más hijos», apunta Fernández del Valle, que asegura que «la profesionalización está dando muy buenos resultados en otros países».
También a Ángel Rey, coordinador de la Asociación Trama, con una amplia experiencia en el trabajo con menores con problemas de conducta, le parece «una idea positiva», aunque precisa que «va a haber que estudiar muy bien los perfiles de acogedores y de niños».
Elvira Álvarez, de la Fundación Meniños, centrada en acogimientos de menores con características especiales, advierte algo en lo que también abundan la mayor parte de los expertos: «Que nadie piense que se va a hacer rico con esto ni que va a ser un trabajo fácil, porque ningún acogimiento lo es. Menos, los de riesgo».
Se refiere Álvarez a lo arduo de acoger a menores con problemas de conducta o con discapacidades psíquicas o físicas, que «requieren un tratamiento especial».
«No es comercializar»
Para esta experta, «el sistema actual de acogimiento es claramente insuficiente» y «lo mejor para los niños es no crecer en una institución». Y «en ningún caso se trata de comercializar una medida de protección. Es concebir a las familias como prestadoras de un servicio y muchos profesionales podrán acogerse al sistema».
«Lo único que va a conseguir el Principado es crear familias de primera y de segunda», discrepa la diputada regional del Partido Popular Inmaculada González. El principal argumento que esgrime el PP para oponerse al proyecto es que «los acogimientos deben realizarse por solidaridad», de manera que «las personas que optan por esta alternativa deben hacerlo desinteresadamente».
Además, según la diputada, «se generaría un agravio comparativo entre aquellas familias que sólo perciben una cantidad en concepto de manutención de esos menores tutelados por el Principado y aquellos que perciben un sueldo cuando, a lo mejor, tienen similar nivel de formación».
Se refiere así Inmaculada González a que las personas que participan en el programa de 'familias canguro' desarrollado por Cruz Roja perciben del Principado 250 euros mensuales por cada niño acogido además de las dietas correspondientes por desplazamiento, según confirmaron fuentes de la Consejería de Bienestar Social.
El proyecto responde, a juicio de la parlamentaria popular, a que «lo único que está haciendo el Principado en política de menores es dar palos de ciego y funcionar a golpe de ocurrencia. Todo, derivado de que no hay fondos para este capítulo, como demuestra el hecho de que aún funcionen con el Plan de Infancia que concluía en 2007».
