ECONOMÍA
El astillero entró en suspensión de pagos con unas deudas de
176 millones de euros, de los que 116 son anticipos de clientes
17.07.09 -
Miembros del comité de empresa de Juliana, poco antes de la reunión con el magistrado del Juzgado de lo Mercantil. / MARIO ROJAS
Septiembre marcará el futuro de Factorías Juliana. Será entonces cuando los administradores del proceso concursal instado por la empresa a finales del pasado mes de mayo entreguen al juez su informe. En el mismo se indicará si el astillero gijonés es viable o bien está abocado a la liquidación.
Para lograr dar por finalizado su informe en septiembre, los administradores concursales, el abogado Domingo Villamil Gómez de la Torre y el economista-auditor José Vicente Rubio Suárez-Pazos, junto a un representante de la empresa Daorje, anunciaron que trabajarán durante todo el mes de agosto.
El magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo, Alfonso Muñoz Paredes, se reunió ayer con los representantes del comité de empresa de Juliana y con los administradores concursales. Fuentes sindicales, que calificaron el encuentro de «toma de contacto», señalaron que en la reunión no hubo representación de la empresa y que en la misma no se habló del expediente de regulación de empleo previsto.
Juliana entró en suspensión de pagos a finales del pasado mes de mayo con unas deudas de 176 millones de euros. En el momento en que la empresa decidió presentar el concurso voluntario de acreedores el astillero tenía unas deudas de 116 millones en concepto de anticipos de clientes, es decir, deudas por obras ya realizadas en los buques sísmicos y en el cementero que no fueron cobradas al estar los barcos sin entregar al armador. Los sesenta millones de euros restantes corresponden a los impagos a empresas auxiliares y a proveedores, así como al crédito de 15 millones de euros concedido por el Banco Popular después de que los terrenos del astillero fueran hipotecados a favor de Pymar.
Los sindicatos, que son pesimistas sobre la posibilidad de que el astillero se salve del cierre, están a la espera de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concrete las garantías laborales pactadas en 2006, pero éstas dependen ahora de la marcha del proceso concursal. Los administradores celebraron recientemente un encuentro con responsables de la SEPI y el organismo estatal también mantuvo una reunión anteayer con miembros del comité de empresa de Juliana. En la misma, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales reafirmó su negativa a hacerse cargo de las indemnizaciones a los trabajadores al figurar en los acuerdos de privatización del astillero una cláusula en la que Vulcano se compromete a asumir las indemnizaciones en el caso de que la salida de los operarios se produjera antes de que se cumpla el plazo de tres años desde el inicio de la privatización.
Inmediatamente después del inicio del proceso concursal, los trabajadores pidieron a la SEPI que activara las garantías laborales pactadas en 2006. En el acuerdo la SEPI se comprometía a garantizar un puesto de trabajo hasta 2016 a toda la plantilla de los centros de Izar enajenados o, en su defecto, dar salidas indemnizadas o prejubilaciones a los trabajadores de 52 años en las mismas condiciones que los trabajadores que se vieron afectados por la liquidación de Izar y la creación de Navantia a finales de 2004.
Regulación de empleo
Los trabajadores pidieron de nuevo anteayer a la SEPI que active las garantías laborales de Izar y el día 28 de este mes habrá una nueva reunión de la comisión de seguimiento.
Los administradores concursales trabajan a fuerte ritmo desde su nombramiento, a principios de junio. Al tratarse de un concurso voluntario, los administradores nombrados por el juez asumieron la gestión de la empresa junto al administrador único del astillero, José Domínguez. Tiene un plazo de dos meses, ampliable a tres, para elaborar un informe, en el que figurará el inventario de bienes y derechos y la lista de acreedores. A partir de ahí, se abrirá un plazo de diez días para posibles impugnaciones. Una vez resueltas, se dará paso al informe definitivo y el juez decidirá si opta por la fase de convenio o por la liquidación.
Factorías Juliana presentó el jueves de la semana pasada un expediente temporal de regulación de empleo (ERE) en el que propone prescindir de entre 50 y 70 trabajadores del astillero durante lo que resta de 2009 y el magistrado del Juzgado de lo Mercantil lo admitió a trámite el pasado lunes. Desde esa fecha hay un plazo de un mes para negociar el expediente. El juez explicó también a los trabajadores que respetará todos los acuerdos con la SEPI.
