17.07.09 -
Francisco González Buendía, ayer, en el Club de Regatas. / J. PAÑEDA
El PP se apresuró ayer a reclamar responsabilidades políticas por la anulación del Plan General de Ordenación de Gijón, un hecho del que destaca que «apenas hay precedentes en España y aún menos en ciudades de 300.000 habitantes». A través de un comunicado firmado por Pilar Fernández Pardo, aseguró que el fallo judicial «coloca a la alcaldesa Paz Fernández Felgueroso y a los concejales del PSOE y de IU en una situación insostenible». En primer lugar, señala el escrito, porque la resolución del TSJA «deja en evidencia que todo el planeamiento urbanístico de Gijón resulta ilegal».
Para los populares, además, «es gravísima la responsabilidad política que afecta de forma directa y exclusiva a quienes siempre públicamente han sostenido que este plan es el heredero de un mismo modo de concebir y gestionar el urbanismo gijonés durante treinta años».
La líder del grupo de la oposición afirma también que la anulación del 'plan Teixidor', el mismo que fue contestado por parte de los gijoneses a través de las marchas verdes, «es un gravísimo escándalo, que se suma a las sombras de corrupción que planean sobre el Ayuntamiento de Gijón y que se ponen de manifiesto en el proceso penal abierto en relación con el 'caso Cabueñes'».
Por último, la oposición municipal remarca en su comunicado que la sentencia anula un PGOU «al que siempre se ha opuesto con sus votos el PP y que fue promovido a espaldas de los ciudadanos para beneficiar a unos pocos y perjudicar a muchos».
El concejal de IU Francisco Santiantes resumió ayer la postura de su grupo municipal por la ausencia de su jefe de filas, Jesús Montes Estrada, de viaje institucional en Nicaragua. El edil delegado de Vivienda reconoció que el equipo de gobierno «desconocía que cinco personas de la misma familia de La Pedrera» habían fundamentado su recurso en que la adaptación del planeamiento a la Ley del Suelo del Principado se hubiera tramitado como modificación en lugar de como revisión del PGOU.
Sobre la distinción procedimental entre modificación y revisión, que a la postre ha sido una de las claves para tumbar el PGOU, precisó que «lo cierto es que la propia legislación no lo deja muy claro y por ello está expuesto a interpretaciones, aunque parece ser que la revisión abarca más». En ese sentido, defendió que el plan Rañada, aunque aún no daba el salto a la ronda, «ya diseñaba con amplitud el futuro urbanístico del municipio», expuso.
«Esto es cosa de cinco personas, pero nunca se cuestionó si se debía hacer una modificación o una revisión», insistió. Siguiendo con ese mismo razonamiento el también presidente de la Empresa de la Vivienda, reclamó que «a nadie se le ocurra ahora hilar tan fino e intente arrogarse argumentos» que estuvieron completamente ausentes durante la polémica y larga tramitación del 'plan Teixidor'. De hecho, el concejal de IU puso de relieve la paradoja que resulta que algunas de las cuestiones más candentes y que más movilizaron en su momento a los vecinos en contra del plan, como las expropiaciones de Sogepsa en Roces, «hayan quedado a salvo» de esta anulación judicial del PGOU.
Santianes explicó asimismo que ni su grupo ni sus socios del PSOE comparten «esa decisión judicial, que es recurrible» y defienden que «el Plan General sigue vigente mientras no haya una sentencia firme».
Seis recursos más
Por su parte, la presidenta de la Federación de la Zona Rural 'Les Caseríes', Soledad Lafuente, valoró que la sentencia del TSJA «nos da la ra zón a los vecinos en el sentido jurídico de que lo que debía tramitarse como una revisión se hizo como modificación». En ese sentido, recordó que en esa misma línea de fundamentación se basan otros seis recursos pendientes de fallo, en uno de los cuales está personada la propia Federación de la Zona Rural como demandante,
En opinión de Lafuente, que ayer mantuvo una charla informativa con el abogado del colectivo en compañía de otros dirigentes vecinales de las parroquias gijonesas, este fallo «demuestra algo que se veía venir y que era el traje del PGOU le venía demasiado grande al Ayuntamiento». Sin embargo, para la presidenta de Les Caseríes esta resolución también «abre una oportunidad para corregir las cosas que se hicieron mal».
Por último, Lafuente se hizo eco de la «satisfacción general» en su colectivo vecinal por poder contar con el respaldo de «una disposición general -la sentencia del TSJA- que genera precedente y para la que sólo cabe ya la nulidad».
