GIJÓN
18.07.09 -
Sesión de abril, donde se debatió otra polémica urbanística, la de Ovidio Blanco. / J. BILBAO
Prosiguieron los análisis de la sentencia del TSJA y de sus repercusiones, unos análisis que no podían ser más distantes, dependiendo de la bancada de la que llegan. Así, el PP aseguró ayer que del fallo judicial se desprende que durante la tramitación del PGOU «se produjo una violación de derechos fundamentales», refiriéndose a la seguridad jurídica, ya que los magistrados mencionan «el deficiente periodo de información pública y la falta de documentos esenciales». Así de contundente se mostró el secretario general del PP en Gijón, Luis Crego, quien añadió nombres propios a las acusaciones: «Este equipo de gobierno de Paz Fernández Felgueroso ha violado la ley y los derechos de los ciudadanos».
Por todo ello, «exigimos el cese o dimisión de Pedro Sanjurjo, por la asunción que ha hecho siempre de la validez jurídica y política de este plan», pero también por sus declaraciones, en las que «decía que no pasa nada». Crego defiende que «es una situación política gravísima» que «determinará la segunda parte del mandato», pero no se atrevió a adelantar las consecuencias porque «hay que ser prudentes». El edil Pablo Fernández recordó que «la elaboración de este plan costó a los gijoneses 600.000 euros», lo que se pagó al equipo redactor.
El PP solicitará el sumario completo e información sobre los otros recursos en marcha y «si pudiéramos, presentaríamos una moción de censura». Para eso necesitarían los votos de IU, «que está vendida política y personalmente al grupo socialista».
Muy diferentes fueron las palabras del concejal de Promoción Económica, José María Pérez, quien mostró el descontento del equipo de gobierno con la sentencia y recordó que «ampliamos el plazo de información pública, establecido en un mes, a dos. Y todo el mundo recordará al concejal de la Zona Rural, Tino Venturo, con los mapas del PGOU explicándolo a los vecinos en todas las parroquias».
Pérez reconoció que la sentencia «no nos gusta, no la esperábamos y no estamos conformes con ella», pero añadió que «la ciudad seguirá funcionando», pues considera que el TSJA «en ningún punto muestra que alguna de las actuaciones del plan sea ilegal y sólo habla de defectos de forma», tal y como ha venido defendido desde el principio el equipo de gobierno. Por lo tanto, «el plan está en vigencia y seguiremos trabajando en base a él, porque está claro que la actividad no se puede parar». Finalmente, el edil coincide con Morales al asegurar que si la sentencia es firme, los más perjudicados serán los vecinos de la zona rural, pues «zonas en las que el PGOU amplió la edificabilidad volverían al estado anterior».
