Ha dicho en alguna ocasión que «los ex ya no tienen que hablar», pero esta vez ha tenido que hacerlo, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias haya anulado el Plan General de Ordenación Urbana de Gijón. El ex concejal Jesús Morales, responsable político del urbanismo gijonés durante 20 años, entre 1987 y 2007, y quien estaba al frente de la concejalía durante la larga y polémica tramitación del PGOU ahora cuestionado, habló ayer y lo hizo para asumir responsabilidades. 'Exculpa', de este modo, al actual edil del área, Pedro Sanjurjo (aunque no le menciona expresamente en el comunicado que remitió ayer) y al resto del equipo de gobierno, con dos nombres propios: Paz Fernández Felgueroso Jesús Montes Estrada.

«Yo soy el único responsable político de la tramitación que se dio a dicho documento», sentencia. El TSJA concluye que el nuevo plan no se tramitó de forma correcta, al haber optado el Ayuntamiento por la fórmula de la modificación, en lugar de la revisión que es, a juicio de los magistrados, lo que se debería de haber hecho. Y es en esa elección del trámite en la que Morales dice tener toda la responsabilidad. «Como es lógico, ni la alcaldesa ni Churruca ni el resto de concejales del equipo de gobierno de aquel momento tenían el cometido de estar en el detalle de los trámites administrativos a seguir, eso era cometido exclusivo del concejal delegado de Urbanismo, y así lo hice».

Pero esa elección, asegura Morales, no fue tomada «caprichosamente», sino tras escuchar las opiniones «de los juristas que me asesoraban». Además, el ex concejal recuerda que incluso la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) consideró que una modificación era la fórmula correcta para adaptar el PGOU de 1999 a la nueva Ley del Suelo del Principado.

Dicho todo esto, Jesús Morales alega las mismas cuestiones que ya expusieron anteayer su sucesor en la concejalía, Pedro Sanjurjo, y la propia alcaldesa. A saber, que la sentencia del TSJA cuestiona las formas, pero no el fondo. «En ningún caso considera que el contenido del PGOU atente contra ninguna normativa, se limita a manifestar una discrepancia sobre el modo de tramitación». Una tramitación que, según defiende, aún habiendo sido una revisión «el resultado hubiera sido el mismo, ya que el modelo de ciudad es competencia de los ayuntamientos».

Insiste el ex concejal en este punto, al asegurar que «el contenido del PGOU no está en cuestión y que es continuidad del urbanismo que hicimos en Gijón desde la llegada de la democracia, a diferencia de los disparates y destrozos que sufrió Gijón en los años 60 y 70 cuando gobernaba la derecha franquista». Y aprovecha aquí para contestar ya a las primeras críticas lanzadas desde el Partido Popular, que pidió responsabilidades políticas y aseguró que la sentencia del TSJA es «un gravísimo escándalo, que se suma a las sombras de corrupción que planean sobre el Ayuntamiento de Gijón». Responde Morales que sólo los defensores del modelo que mencionaba, el de los años 60 y 70, entre los que incluye al PP, «que votó en contra de todos los planes generales de la democracia», «se pueden alegrar de una sentencia que espero revoque el Supremo, pero que si no es así lo único que conseguirá será retrasar ciertos desarrollos urbanos y perjudicar la actividad económica de un sector que emplea a miles de gijoneses».

Retraso en los planes

Es en este punto, a la hora de hablar de los posibles perjuicios de esta sentencia, cuando Jesús Morales es más claro de lo que lo han sido hasta ahora los portavoces municipales. Porque el ex concejal de Urbanismo admite que «los nuevos suelos urbanizables sufrirían un cierto retraso» en el caso de que la sentencia llegara a ser firme, un retraso que, según Morales, «se notaría menos en estos momentos de crisis inmobiliaria». Sea como fuere, expresa: «Lamento profundamente esos posibles perjuicios a la ciudad y al sector inmobiliario». Unos perjuicios que no afectarían, aclara, a los proyectos que vienen del PGOU anterior, como los desarrollos de El Lauredal, Nuevo Gijón, El Cerillero y, sobre todo, el plan de vías. Y tampoco a los que se enmarcan en convenios con el Principado, como Roces, la ZALIA y el polígono de Lloreda.

No se olvida Morales en su comunicado de apuntar a los responsables de esta situación, impulsada «por unos propietarios de suelo que sólo persiguen intereses económicos particulares», unos propietarios a quienes «el Tribunal, evidentemente, no da la razón». Uno de los propios demandantes, José Antonio López, admitía que el recurso surgió del descontento por no poder construir en la finca familiar de 40.000 metros en Mareo y «con esta sentencia, la finca sigue estando protegida y no es edificable».

Además, advierte Morales, en caso de que la sentencia llegue a ser firme, «curiosamente los más perjudicados serían los propietarios de suelo en la zona rural», ya que el PGOU aumentó los núcleos y si hay que hacer una revisión «en ningún caso se ampliarían más».