Relación de víctimas de la Guerra Civil registrada en las paredes de la Iglesiona. / LUIS SEVILLA
De la satisfacción al enfado, el compromiso de retirar las placas de la Iglesiona con referencia a la Guerra Civil es evaluada con muy distintos criterios y deja indiferente a pocos. Sin embargo, los responsables políticos municipales quitan hierro a la polémica y perciben normalidad en el proyecto, si bien el equipo de Gobierno apela a la subvención pública para la reforma de la Iglesiona a la hora de interpretar la decisión del Arzobispado.
Los populares evitan mostrarse a favor o en contra de la retirada de las polémicas placas, pero expresan que el partido «respeta la decisión del arzobispo Carlos Osoro» cuando, antes de ser trasladado al Arzobispado de Valencia, se comprometió a trasladar el listado de víctimas de la Guerra Civil al interior del templo. Los populares indicaron, además, que dicha iniciativa no es aislada, sino que se adopta en el contexto de una rehabilitación que ya está en marcha.
Jesús Montes Estrada, coordinador de Izquierda Unida en Gijón y portavoz de la citada coalición en el Ayuntamiento, manifestó a EL COMERCIO que, tanto si se trata de un imperativo legal, por aplicación de la normativa sobre Memoria Histórica, como si se trata de una opción voluntaria de la Iglesia, «la decisión es acertada».
La Ley de Memoria Histórica «no es clara» en cuanto a la obligatoriedad de retirar los símbolos franquistas de las propiedades privadas, y Montes Estrada admite que la basílica del Sagrado Corazón lo es, ya que pertenece a la Iglesia Católica.
En todo caso, el portavoz municipal de IU considera que la Iglesia debería aplicar el mismo criterio en otras de sus propiedades, de forma que la «pauta de comportamiento» utilizada en la Iglesiona sea extrapolable a distintos templos de la región y del Estado.
Específicamente en cuanto al caso referido, Jesús Montes entiende «de buena lógica» que «si se pide concurrencia pública en el proceso de rehabilitación» del templo, es decir, si las Administraciones Públicas colaboran económicamente en la financiación de las obras, una consecuencia, «más que una condición» es la retirada de las placas. A modo de resumen, el portavoz de IU en Gijón calificó de «acertada y adecuada» la polémica decisión de la Iglesia.
Respeto y normalidad
«Es un proceso normal y lógico en una sociedad que lleva 30 años de convivencia democrática», dijo ayer el portavoz municipal del PSOE, José María Pérez, al ser preguntado por la opinión de su grupo.
«Entendemos que es un cambio positivo y que cuanto antes se hubiera producido, mejor, pero no pasa nada porque sea ahora», añadió. La actuación, a su juicio, va en consonancia con otras que en el mismo sentido se produjeron ya en la ciudad, también dentro de la máxima normalidad.
El portavoz socialista coincidió, por una parte, con su compañero en el equipo de Gobierno Jesús Montes Estrada, en que la «importante» subvención pública concedida a la Iglesia Católica para llevar a cabo la rehabilitación de la basílica gijonesa puede estar vinculada con la decisión del Arzobispado. Por otra parte, compartió la idea de los populares en el sentido de que la retirada o traslado de las placas tendrá lugar en el contexto de una amplia y duradera reforma que está dando sus últimos coletazos.
En cualquier caso, el PSOE se suma a las opiniones favorables al cambio.
